Regresa al cine “Presunto culpable"


El documental Presunto culpable volverá a proyectarse en todas las salas de cine de México, luego de que un tribunal federal en materia administrativa revocó el impedimento para su exhibición que había decretado la jueza Blanca Lobo Domínguez. La medida entrará en vigor una vez que sean notificadas las autoridades y quienes impugnaron la suspensión de la cinta.

Al analizar los recursos de queja presentados por la cadena Cinépolis, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la abogada y productora del filme, Layda Negrete, contra la suspensión de la cinta, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió que impedir la proyección del documental “causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público”.

El pasado lunes, la exhibición del documental fue cancelada en las salas de cine que integran el circuito cinematográfico en México, en acatamiento a la suspensión provisional de amparo que otorgó la jueza Lobo Domínguez a Víctor Daniel Reyes Bravo, principal testigo de cargo en el juicio que dio origen a la filmación de Presunto culpable, quien alegó violaciones a su intimidad, dignidad y seguridad personal.

El fallo judicial causó una amplia polémica, al contraponerse los derechos individuales de Reyes Bravo contra los derechos colectivos que alegaron la cadena de cine Cinépolis, el CIDE que fue uno de los organismos que promocionaron y ayudaron a producir el documental, así como Layda Negrete Sansores, abogada del acusado en este caso y quien filmó la película.

En este contexto, los magistrados Clementina Flores Suárez, Emma Margarita Guerrero Osio y Rubén Pedrero Rodríguez consideraron que en el caso de Presunto culpable “la sociedad está interesada en que sea respetado el derecho a la información”, ya que éste goza de una vertiente pública, colectiva o institucional que lo convierte en pieza básica para el adecuado funcionamiento de la sociedad.

Derecho a la información

Según la resolución emitida por el citado tribunal, el derecho a la información tiene una doble faceta que exige no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

Ello, de acuerdo con los magistrados, aunado a que la cinematografía, por su sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa y constituye una actividad cultural primordial, sin detrimento del aspecto comercial que también le es característico. Lo anterior se traduce “en una actividad de interés social, por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman”.

La cadena Cinépolis informó que reanudará la exhibición de Presunto culpable tan pronto tenga conocimiento oficial de la resolución del Tribunal Colegiado, situación que no había ocurrido hasta anoche.

Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, celebró el fallo y afirmó que los argumentos del Tribunal Colegiado para reinstalar la cinta en las salas de cine son de “fondo” y “buenas noticias” del sentido que tomará este caso en las demás instancias.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera Aragón, dijo que el tema de impunidad plasmado en la película no debe ser tratado como un asunto de coyuntura, pues es “extremadamente estructural e institucional, que mientras no sea abordado de esa manera, está condenado a repetirse una y otra vez”. (Con información de Miguel Ángel Sosa)
Francisco Gómez y Gerardo Mejía, El Universal 9 de marzo.

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