El Senado de la República aprobó reformar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que el organismo esté obligado a entregar el expediente sobre un caso a las víctimas involucradas en él o a sus familiares directos, con la finalidad de que el quejoso lo pueda presentar ante el Ministerio Público como elemento probatorio.
El pleno senatorial blindó la confidencialidad del expediente al establecer que sólo los familiares en línea ascendente o descendente en cualquier grado, o colaterales hasta el segundo grado del quejoso, y no cualquier persona que se ostente como deudo de la víctima, podrá hacer uso de este derecho.
El senador del PAN Sergio Álvarez Mata —promotor de la reforma— explicó que la ley busca generar la posibilidad de que a petición de parte se pueda obtener las documentales y las pruebas que constan en los expedientes de las Comisiones de Derechos Humanos, y puedan los jueces valorar dichos informes a efecto proveer mejor la justicia a quien la demande.
“De aprobarse, se restablecerá la violación al derecho de audiencia del quejoso o de sus deudos, que intervienen en el procedimiento de defensa a los derechos humanos ventilados en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por una parte, pero también, por otra, el derecho de defensa de éstos al aportar elementos de prueba ante la autoridad jurisdiccional”, comentó el legislador del blanquiazul.
Los senadores aseguraron que se violentan diversos derechos humanos cuando a los quejosos se les niegan copias de un expediente substanciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aun cuando ha sido ofrecido como medio de prueba ante una autoridad jurisdiccional.
La reforma al artículo 48 de la Ley de la CNDH cierra la posibilidad de que se vulnere la confidencialidad con la que deben actuar los funcionarios de la propia comisión.
El senador del PRD Tomás Torres dijo que la CNDH está obligada a proporcionar los datos que el quejoso y sus familiares le soliciten.
Elena Michel y Ricardo Gómez, El Universal, 23 de marzo.
El pleno senatorial blindó la confidencialidad del expediente al establecer que sólo los familiares en línea ascendente o descendente en cualquier grado, o colaterales hasta el segundo grado del quejoso, y no cualquier persona que se ostente como deudo de la víctima, podrá hacer uso de este derecho.
El senador del PAN Sergio Álvarez Mata —promotor de la reforma— explicó que la ley busca generar la posibilidad de que a petición de parte se pueda obtener las documentales y las pruebas que constan en los expedientes de las Comisiones de Derechos Humanos, y puedan los jueces valorar dichos informes a efecto proveer mejor la justicia a quien la demande.
“De aprobarse, se restablecerá la violación al derecho de audiencia del quejoso o de sus deudos, que intervienen en el procedimiento de defensa a los derechos humanos ventilados en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por una parte, pero también, por otra, el derecho de defensa de éstos al aportar elementos de prueba ante la autoridad jurisdiccional”, comentó el legislador del blanquiazul.
Los senadores aseguraron que se violentan diversos derechos humanos cuando a los quejosos se les niegan copias de un expediente substanciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aun cuando ha sido ofrecido como medio de prueba ante una autoridad jurisdiccional.
La reforma al artículo 48 de la Ley de la CNDH cierra la posibilidad de que se vulnere la confidencialidad con la que deben actuar los funcionarios de la propia comisión.
El senador del PRD Tomás Torres dijo que la CNDH está obligada a proporcionar los datos que el quejoso y sus familiares le soliciten.
Elena Michel y Ricardo Gómez, El Universal, 23 de marzo.
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