El Consejo de la Judicatura Federal urgió al presidente Felipe Calderón a presentar las iniciativas de leyes secundarias necesarias para implementar el nuevo sistema de justicia penal en nuestro país.
“Es urgente que el Poder Ejecutivo presente a la brevedad posible las iniciativas de Códigos Federales de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Ejecución de Sanciones, entre otras, para que el Congreso de la Unión pueda discutirlas y aprobarlas, pues son necesarias para que entre en vigor el nuevo sistema”, señaló el Consejero Óscar Vázquez Marín.
Durante la inauguración de un diplomado en la materia, refirió que sólo restan cinco años del plazo marcado para cristalizar la reforma. Y a tres años de aprobada, “no se conoce de manera precisa cuáles son sus alcances y beneficios”.
El desconocimiento afecta no sólo a juzgadores o a integrantes del sistema jurídico mexicano, sino a policías, peritos, investigadores, agentes del Ministerio Público, defensores públicos, litigantes, autoridades carcelarias e incluso maestros y estudiantes de derecho.
“Y si uno de estos eslabones falla, todo el sistema de justicia falla”, alertó el consejero, quien además pidió la aprobación de recursos para la operación de jueces de control, de oralidad y ejecución de sentencias, así como para infraestructura de trabajo.
El escenario sombrío fue resumido así por el ministro de la Corte Sergio Valls: “Para unos el nuevo sistema penal acusatorio significa un salto al vacío cuyo final feliz no se avizora a corto plazo”.
Por su parte, el presidente de la SCJN y del CJF, Juan Silva Meza, afirmó que el diplomado —con 8 mil 600 participantes en todo el país— permitirá, apenas, conocer el rol que las distintas autoridades mexicanas desempeñarán para darle forma al proyecto.
“Es urgente que el Poder Ejecutivo presente a la brevedad posible las iniciativas de Códigos Federales de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Ejecución de Sanciones, entre otras, para que el Congreso de la Unión pueda discutirlas y aprobarlas, pues son necesarias para que entre en vigor el nuevo sistema”, señaló el Consejero Óscar Vázquez Marín.
Durante la inauguración de un diplomado en la materia, refirió que sólo restan cinco años del plazo marcado para cristalizar la reforma. Y a tres años de aprobada, “no se conoce de manera precisa cuáles son sus alcances y beneficios”.
El desconocimiento afecta no sólo a juzgadores o a integrantes del sistema jurídico mexicano, sino a policías, peritos, investigadores, agentes del Ministerio Público, defensores públicos, litigantes, autoridades carcelarias e incluso maestros y estudiantes de derecho.
“Y si uno de estos eslabones falla, todo el sistema de justicia falla”, alertó el consejero, quien además pidió la aprobación de recursos para la operación de jueces de control, de oralidad y ejecución de sentencias, así como para infraestructura de trabajo.
El escenario sombrío fue resumido así por el ministro de la Corte Sergio Valls: “Para unos el nuevo sistema penal acusatorio significa un salto al vacío cuyo final feliz no se avizora a corto plazo”.
Por su parte, el presidente de la SCJN y del CJF, Juan Silva Meza, afirmó que el diplomado —con 8 mil 600 participantes en todo el país— permitirá, apenas, conocer el rol que las distintas autoridades mexicanas desempeñarán para darle forma al proyecto.
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 23 de marzo.
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