Bloquean estados la reforma en DH

Las legislaturas estatales analizan un posible bloqueo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada el pasado 8 de marzo por el Congreso de la Unión.

El motivo es que se considera que afecta las facultades de las entidades, al modificar radicalmente los requisitos para cambiar la Carta Magna, y también porque hay dudas sobre el procedimiento que siguieron las cámaras de Senadores y Diputados en su aprobación.

Fuentes cercanas al tema informaron que, con base en un convenio de colaboración suscrito en Querétaro en febrero pasado, los congresos de Nuevo León, Estado de México y Veracruz iniciaron consultas con las demás legislaturas a principios de abril.

La intención, señalaron, es congelar en las comisiones respectivas la dictaminación de la minuta que envió el Senado de la República.

Para que la reforma sea válida se necesita la aprobación de al menos 16 de las 31 legislaturas de los estados, que nunca han impedido un cambio a la Carta Magna por razones de fondo, lo que explica la facilidad con la que cada año se le hacen modificaciones.

Las fuentes informaron que el principal problema es la nueva redacción del artículo 1 constitucional, que ahora diría que "todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte".

Bastaría entonces la aprobación de cualquier tratado que contemple derechos de las personas para generar una norma de rango constitucional, sin que pudieran intervenir las legislaturas estatales o la Cámara de Diputados, pues los tratados sólo requieren participación del Senado y el Ejecutivo.

Esos derechos incluyen desde los más básicos hasta cuestiones como la propiedad de bienes, que puede dar lugar a problemas complejos, amén que todos los derechos previstos en los tratados ya vigentes también se convertirían en ley constitucional.

También se plantea que las autoridades locales quedarían obligadas a aplicar tratados en cuya aprobación no intervinieron, sin poder alegar que son inconstitucionales, precisamente porque ya tendrían el mismo nivel de la Carta Magna.

Según informaron las fuentes, otro tema de análisis es que se afectarían las facultades de la Suprema Corte de Justicia, pues sus sentencias relacionadas con derechos personales serían revisables por tribunales internacionales previstos en los tratados.

En cuanto al procedimiento, hay dudas sobre la forma en que las cámaras resolvieron las diferencias que tenían en el tema de la facultad de investigación de grave violación de garantías, que pasaría de la Corte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Como no se llegó a un acuerdo en varios detalles, en vez de aplazar toda la reforma para el siguiente periodo de sesiones, el Congreso "encorchetó" las partes no aprobadas y envió lo demás a los estados para seguir con el proceso, con base en el artículo 72-E de la Constitución.

Pero dicho artículo sólo sería aplicable a reformas legislativas ordinarias, no a cambios a la Carta Magna, pues no habla de mayorías calificadas para las aprobaciones, y refiere que se turnarán los decretos directo al Ejecutivo, sin referirse a las legislaturas estatales.




Ponen peros...

Aprobada la reforma por el Congreso de la Unión y los congresos locales, quedará plasmado en la Constitución:

· Se reconocen como ley suprema todos los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

· Queda prohibida toda discriminación motivada por las preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

· Sólo el Presidente podrá restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías.

· Quedan prohibidas la desaparición forzada y la tortura.

· Se faculta a la CNDH para investigar violaciones graves a las garantías individuales.

· Se reconoce el derecho de audiencia para los extranjeros en el procedimiento de expulsión.

Víctor Fuentes, Reforma, 19 de abril.