La reforma política, sólo con consenso de PRI y PAN, refutan perredistas

El senador perredista Tomás Torres sostuvo que la reforma política que se perfila en el Senado, para ser aprobada antes de concluir abril, fue acordada sólo por las bancadas de PRI y PAN, mientras su correligionario Pablo Gómez rechazó que el dictamen que se elaborará a partir de un documento base difundido el jueves haya surgido por consenso.

Torres sostuvo que varios de los temas como ratificación de titulares de órganos autónomos y reelección sólo de legisladores, se utilizaron como moneda de cambio entre PRI y PAN, por lo que temas fundamentales como el referendo y el veto presupuestal los hicieron de lado.

Es por ello que Gómez, por su parte, dejó en claro que no se puede hablar de una reforma por consenso porque hay varios temas en los que muchos legisladores, de todos los partidos, no están de acuerdo, pero dejó en claro que no todo está dicho y, antes de concluir este periodo de sesiones, “habrá debate”.

“Aún no hay los consensos necesarios para aprobar la reforma política, debido a las objeciones entre los grupos en temas como referendo y veto presupuestal del Ejecutivo”, remarcó Gómez.

Luego que el jueves pasado en comisiones unidas se presentó el documento base para dictaminar la reforma política, Gómez aseguró que las diferencias entre las fracciones no son pocas y hay inconformidades en la mayoría de las bancadas.

A decir de Gómez, uno de los temas que no se puede posponer más en una reforma política, es el referendo, toda vez que, dijo, representa una herramienta para resolver los conflictos fuertes del país.

“Yo les he propuesto en los debates que empecemos por lo elemental, no por las cosas sofisticadas y complicadas, y lo elemental es el referendo popular, facultativo, obligatorio y vinculatorio”, remarcó.

Expuso que las grandes divergencias de un país están en las leyes y éstas son las que deben ser puestas a consulta cuando una parte de la sociedad las objete y debe hacerse obligatorio, para que la gente diga “sí” o “no” a una ley sin que tenga que intervenir la Suprema Corte en la revisión de textos.

México • Heliodoro Cárdenas, Milenio, 17 de abril.