Plantea Segob doble sanción para Valdemar

La Secretaría de Gobernación (Segob) planteó ayer que corresponde al IFE sancionar al vocero de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar, por la ilegalidad electoral en la que incurrió, dado que la dependencia federal ya lo apercibió por faltar a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

El Presbítero recibió un "regaño" por parte de la dependencia el pasado 14 de marzo, conforme al procedimiento administrativo mediante el cual se comprobó la ilegalidad en que incurrió Valdemar en agosto de 2010, al llamar a no votar por el PRD debido a que ese partido avaló la legalización de los matrimonios gay.

Ayer, el director de Asociaciones Religiosas de Segob, Paulo Tort, informó que tanto Valdemar como el PRD y el Gobierno del DF -denunciantes estos últimos- tienen 15 días para impugnar la resolución.

Sin embargo, Tort advirtió que el expediente de Segob es completamente autónomo al del IFE y que por ello, tras emitir su sanción, se lo devolvió.

Se trata de dos ilícitos, puntualizó Julián Domínguez, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

"Estamos hablando de dos ilícitos: uno electoral que es regulado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y uno administrativo que es regulado por la Ley de Asociaciones Religiosas", dijo.

No obstante, el presidente de la Comisión de Quejas del IFE, Alfredo Figueroa, insistió en que el Instituto no es el indicado para sancionar ilegalidades de ministros de culto, extranjeros, notarios ni funcionarios públicos.

Por ello, ayer remitieron al Tribunal Electoral Federal la negativa de Segob para sancionar la falta electoral del presbítero, pues dijo que no puede quedar en el vacío jurídico.

"Es conocido y claro que la ruta adecuada es estudiar los asuntos, llegar a una conclusión en el Consejo y conducir esa determinación ante la instancia para que aplique la sanción.

"El IFE debe asumir el papel de Estado que le corresponde y no puede aceptar que una conducta que ha sido juzgada termine por estar en un vacío jurídico", advirtió Figueroa.


Ariadna García y Érika Hernández, Reforma, 21 de abril.