Preocupa a HRW el nivel de impunidad

La estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón “no respeta los derechos fundamentales”, y las violaciones a las garantías en México, que han quedado impunes, también implican que el gobierno incumple con los requisitos establecidos en la Iniciativa Mérida para que Estados Unidos siga aportando fondos para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), explicó así la gravedad del contenido del informe sobre derechos humanos en 2010, que presentó ayer el Departamento de Estado en voz de Hillary Clinton.

En el documento se reconoce la preocupación del gobierno estadounidense ante la resistencia del Ejército a una política de rendición de cuentas frente a denuncias de asesinatos, abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en las que estarían implicados militares.

HRW es una de las organizaciones internacionales que en la presente administración ha documentado presuntos excesos del Ejército en el marco de la ofensiva anticrimen, y ha insistido en la necesidad de que el Estado mexicano impulse una reforma de ley que establezca que sean autoridades civiles y no castrenses las que investiguen y sancionen la comisión de delitos cometidos por uniformados.

Sobre el reporte presentado por el Departamento de Estado, Vivanco afirmó que “los casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos graves documentados en este nuevo informe, así como la impunidad constante en las violaciones de derechos humanos, demuestran que la estrategia de seguridad de Felipe Calderón no respeta los derechos fundamentales”.

El experto aseguró que las conclusiones del informe “demuestran claramente que este gobierno no está cumpliendo con los requisitos básicos sobre derechos humanos de la Iniciativa Mérida, como por ejemplo, el que requiere que los militares acusados de cometer abusos no sean investigados y juzgados en el fuero militar, sino en el sistema de justicia penal ordinario”.

Entre las cláusulas de la Iniciativa Mérida, los congresistas estadounidenses incluyeron como exigencia que en México se respetaran las garantías, por lo que el contenido del informe de Hillary Clinton podría considerarse como una evidencia para negar presupuesto.

En 2010, HRW solicitó al Congreso de EU frenar la entrega de recursos a México hasta esclarecer las denuncias contra el Ejército.


Silvia Otero, EL Univerersal, 9 de abril.