Alabama decreta ley que criminaliza a indocumentados; les niega educación superior; México rechaza legislación

Siguiendo los pasos de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, de criminalizar y limitar el libre movimiento de los inmigrantes indocumentados, ayer el gobernador republicano de Alabama, Robert Bentley, promulgó ayer la ley antiinmigrante HB 56, considerada una versión más “severa” que la SB1070 de Arizona: la más dura en todo Estados Unidos, de acuerdo con defensores de los derechos de los inmigrantes y críticos de la medida.

La medida, que entraría en vigor el próximo 1 de septiembre, permite a la policía del estado detener a una persona bajo sospecha de que se encuentra indocumentada en Estados Unidos, penaliza a quienes transporten a indocumentados o les den albergue y exige a las empresas verificar el estatus migratorio de sus empleados bajo el riesgo de perder su licencia en caso de contratar a ilegales.

La Norma afectará a estudiantes, trabajadores, conductores y organizaciones pro derechos humanos que auxilian a migrantes.

Además impide que las ciudades de Alabama puedan aprobar leyes locales en contra de que la policía haga cumplir las leyes federales de inmigración.

ORGULLOSO. Después de firmar ayer esta ley, el gobernador Bentley expresó que: “Tenemos un problema real con la inmigración ilegal en este país. Yo defendí las leyes de inmigración más severas y estoy orgulloso de la Legislatura por trabajar incansablemente para crear la legislación más fuerte del país”, señaló.

La ley HB 56, considerada por organizaciones civiles como una versión “más dura” de la ley de Arizona que criminaliza a los indocumentados, también exige a las escuelas públicas del estado determinar el estatus migratorio de los estudiantes y niega el acceso a educación superior a indocumentados.

“RACISTA”. “Esta ley, firmada ayer por el gobernador Bentley, va mucho más lejos que la controvertida ley (de Arizona)”, dijo en conferencia de prensa Mary Bauer, directora legal del Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC). La activista calificó la medida de “inconstitucional”, “racista” y “mal intencionada”.

“Vamos a entablar un litigio para desafiarla y esa es la postura de otras organizaciones”, aseveró Bauer.

RECHAZO. Tras conocerse la promulgación de esta ley, organizaciones civiles de defensa de los inmigrantes anunciaron que litigarán para frenar esta norma, que fue aprobada por la legislatura de Alabama el pasado 2 de junio.

Por su parte, la Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU), presentó un recurso legal para solicitar a un juez federal que bloquee la entrada en vigor en Georgia de la ley estatal HB 87, similar a la HB 56 de Alabama y a la SB1070 de Arizona.

Dos jueces federales han bloqueado la entrada en vigencia de las partes más sensibles de esas leyes, mientras deciden la demanda por inconstitucionalidad presentada por Washington que aduce que la inmigración es tema exclusivo del gobierno federal.

“Es un indignante regreso a la era de antes de los derechos civiles, e instamos al gobernador Bentley a que vete este erróneo proyecto de ley”, dijo Cecillia Wang, directora del Proyecto sobre Derechos de los Inmigrantes de ACLU.



La Crónica, 10 de junio.

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