Buscan perpetuar régimen de impunidad y privilegios: diputados

La determinación del Instituto Federal Electoral (IFE) de dar marcha atrás a la aplicación del derecho de réplica, contemplado en la reforma constitucional de 2007, “obedece a la presión permanente de los intereses monopólicos de las empresas de radio y televisión, que pretenden perpetuar un régimen de impunidad y privilegios”, manifestaron diputados de PRI y PRD.

Sofía Castro Ríos (PRI) señaló que la presión de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) tiene tufo autoritario, porque “están decididos a minar la credibilidad de la autoridad electoral sin importarles que el proceso del año próximo puede tener graves implicaciones para la democracia y para sus intereses. Los dueños de televisoras y radiodifusoras actúan de manera irresponsable, porque sólo les interesa incrementar su poder sin hacer caso al hartazgo de la sociedad, que cada día cuestiona con mayor fuerza sus contenidos y la manera en que se han apropiado de la responsabilidad que tenía el Estado de comunicar”.

La legisladora priísta consideró que el gobierno federal panista está obligado a “ordenar” las posturas de los propietarios de televisoras y radiodifusoras. “No se trata de someterlos a controles y restricciones que podrían afectar la libertad de expresión. Simplemente de que la administración federal asuma su responsabilidad y con ello norme la participación de esas empresas en el ámbito público, porque si ahora atacan a la autoridad electoral sin ningún freno no quiero imaginar lo que pasará con otros sectores sociales y políticos en el país”.

También Mauricio Toledo (PRD) exigió a Felipe Calderón que “deje de ser obsecuente con televisoras y radiodifusoras. El debilitamiento de la democracia, acompañado de los ataques a los órganos que pretenden preservarla, nos llevaría a un riesgo sin igual en materia de estabilidad política. Creo que Calderón y su equipo no han entendido que su responsabilidad no se halla en vigilar ni garantizar los intereses de un grupo minoritario de comunicadores. Su responsabilidad constitucional es vigilar el bien común y de las mayorías, y eso no lo está poniendo en práctica”

El legislador perredista insistió en reclamar al gobierno panista, porque “su omisión nos está llevando a un estado de cosas y circunstancias que podría representar graves riesgos para la democracia y la estabilidad social. No debemos olvidar que el hartazgo popular conduce a acciones y reacciones que no nos gustaría atestiguar”.

Roberto Garduño, La Jornada, 25 de junio.

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