Crecen leyes antiinmigrantes en EU; México y AL, en alerta

La oleada antiinmigrante en Estados Unidos crece de forma alarmante. Sólo en enero de este año se presentaron 600 iniciativas de ley en legislaturas estatales, similares a la SB1070 de Arizona o con matices distintos, pero todas tendientes a criminalizar la migración, revela Daniel Hernández, titular de la dirección general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Cancillería.

En los estados de Utah, Indiana, Georgia y Alabama —entre marzo y junio— se promulgaron cuatro nuevas leyes que han encendido la alerta de México y al menos 13 países latinoamericanos, ante las potenciales violaciones a los derechos de sus ciudadanos, indocumentados o no, pues algunas convierten en delito albergar a un migrante aun si se trata de un familiar; otras permiten que a cualquier detenido se le verifique su estatus en el país o niegan la validez de la matrícula consular.

El diplomático, en entrevista con EL UNIVERSAL, deja claro que si cualquiera de estas leyes entrara en vigor, “se afectaría la relación bilateral México-Estados Unidos”, el gobierno mexicano tendría que hacer frente a 50 sistemas jurídicos distintos, pues se abriría la puerta a que cada estado impusiera su propia legislación en materia de migración, lejos de los compromisos internacionales asumidos por la Unión Americana.

Organizaciones civiles de Estados Unidos ya presentaron demandas contra estas leyes —excepto la de Alabama que fue promulgada este mes— pues consideran que son anticonstitucionales y, como la Ley Arizona, violan o invaden la competencia de la ley federal migratoria. Aunque con esta estrategia legal frenaron temporalmente su entrada en vigor, la última decisión la tienen los tribunales estadounidenses.

El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señala que “los impulsores de estas leyes creen en un sentido equivocado, o tal vez distorsionado, que están promoviendo el Estado de derecho en su país, creen que están creando un sistema con un andamiaje legal que le haga tan difícil la vida al indocumentado para que éste mejor decida abandonar el país”.

La SB1070 de Arizona aprobada en abril de 2010 y que aún se dirime en una Corte federal, ha sido el ejemplo a seguir. Hernández Joseph revela que el monitoreo que realiza la Cancillería permitió detectar que “sólo en enero de 2011 en las legislaturas estatales de Estados Unidos —similares o distintas a la ley SB1070— se presentaron más de 600 iniciativas antiinmigrantes”.

Aunque no todas prosperan, “en muchas, quienes las presentaron lo hicieron por pose política y rápidamente fueron rechazadas; otras han ido avanzando; otros estados cerraron su sesión legislativa sin pasarlas, es decir, cada estado tiene su esquema” y dar seguimiento a cada caso es hoy el desafío para la red de protección de mexicanos en el exterior.

Las normas aprobadas

El 15 de marzo pasado el gobierno de Utah promulgó la ley HB497 que permite a la policía verificar el estatus migratorio de cualquier persona detenida incluso por una infracción de tránsito, a pesar de que la ley federal señala que este procedimiento sólo debe realizarse en ilícitos graves. Organizaciones como Utah Coalition of La Raza demandaron su inconstitucionalidad y los tintes racistas de su aplicación, lo que frenó su entrada en vigor.

Los gobiernos de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay presentaron en bloque el 7 de junio pasado un escrito de “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae) contra esta ley, para que la Corte de Distrito con sede en Salt Lake City, al momento de emitir su fallo, tome en cuenta sus argumentos de que su aplicación vulneraría los derechos de sus ciudadanos.

En Indiana el 10 de mayo pasado el gobierno estatal aprobó la ley SEA590, que tiene cláusulas que sancionan el uso cotidiano de la matrícula consular como comprobante de identidad, lo que según la Cancillería, “es incompatible con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de la que México y Estados Unidos son parte, como con disposiciones federales estadounidenses emitidas por el Departamento del Tesoro”.

Los países latinoamericanos encabezados por México también presentaron un escrito contra esta norma que “criminaliza la migración y puede propiciar su aplicación selectiva, por lo que podría afectar los derechos civiles” de sus connacionales; el mismo argumento lo entregaron contra la ley HB87 promulgada el 3 de mayo en Georgia, que también rechaza la validez de la matrícula consular que hoy permite que indocumentados puedan, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria.

La ley más reciente es la HB56, aprobada el 9 de junio pasado en Alabama, que entrará en vigor el 1 de septiembre si no se interpone una demanda en su contra, y que establece que es un delito “transportar, ocultar u hospedar a personas a sabiendas de que están indocumentadas, o darles una vivienda en renta incluso si es de su familia”.

Cualquier persona detenida será cuestionada sobre su estatus migratorio, y en caso de ser arrestado e indocumentado no podrá pagar fianza para salir de prisión; los patrones estarán obligados a comprobar la situación legal de sus empleados; se deberá acreditar la residencia legal para abrir un negocio y al inscribir a un niño en la escuela se debe informar si es ilegal su estancia en el país, aunque no se le puede negar el derecho a la educación.

Hernández Joseph indica que México seguirá acompañando las demandas de las organizaciones civiles que tienen personalidad jurídica ante la Corte, pues las normas “chocan con la ley federal, con los compromisos internacionales y toda la relación se afecta como se demostró en Arizona, de ahí la importancia que otros países de Latinoamérica se sumen a estos escritos, pues ven también sus relaciones en situación de riesgo por estas legislaciones estatales”.

Reconoce que los próximos meses serán claves en los tribunales estadounidenses, y de momento ha sido importante suspender temporalmente su aplicación ya que “en tanto se debate su constitucionalidad el daño puede ser irreversible”.

En cada estado donde fueron aprobadas estas leyes la Secretaría de Relaciones Exteriores difunde una guía en la que se explican sus alcances, sus derechos e incluye recomendaciones para evitar ser detenido.

“Nos preocupan muchísimo estos casos y hemos desplegado una intensa labor para mantener informada a la comunidad mexicana sobre el impacto de estas normas y conozcan sus garantías”. Entre las sugerencias a los migrantes destacan que si son arrestados tienen derecho a no firmar documentos que no entiendan.


Silvia Otero, EL Universal, 19 de junio.

0 Responses to "Crecen leyes antiinmigrantes en EU; México y AL, en alerta"