En 2 semanas, seis quejas de CNDH a fuerzas federales

En las últimas dos semanas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió seis recomendaciones en contra de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y Seguridad Pública federal por violaciones en las que se acreditaron la privación de la vida, tratos crueles, tortura, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad.

Entre los casos está el de Javier Herrera Valles, ex comisario general de la Policía Federal, a quien se le infringieron tratos crueles pues fue golpeado al momento de su detención en noviembre de 2008, por lo que al igual que en el resto de los expedientes el organismo presentará denuncia penal contra los responsables ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La recomendación 28/2011 emitida el 26 de mayo está dirigida a la Sedena por la muerte de un hombre ocurrida el año pasado en Durango, aunque la dependencia ya pagó a los familiares una suma económica por concepto de reparación de daño moral y material, así como gastos funerarios.

Sin embargo la CNDH siguió la investigación pues se cometieron violaciones graves como privación de la vida y uso arbitrario de la fuerza pública, atribuibles a personal del Décimo Quinto Regimiento de Caballería, durante un operativo de búsqueda de sembradíos de droga que se realizó el 2 de junio de 2010.

En esa fecha en el municipio de Santa María Otáez la víctima que buscaba pastura para un caballo corrió al ver a los militares, y uno de ellos consideró que el hombre “realizó un movimiento como si fuera a desenfundar un arma de la cintura” y le disparó, sin que existan pruebas de que el agraviado trajera un arma consigo.

Por tratos crueles y retención ilegal la CNDH emitió la recomendación 19/2011 a Genaro García Luna, titular de la SSP federal, por las irregularidades en la detención de un presunto integrante del crimen organizado en Nayarit, quien denunció que fue torturado, obligado con golpes y amenazas a declararse culpable y a tomarse una fotografía con un arma.

El organismo acreditó que el quejoso —cuyo nombre se omite por ley— fue detenido por seis policías federales el 11 de julio de 2010 en Tepic, y “entre el momento de la detención de la víctima y la puesta a disposición ante la autoridad ministerial, transcurrieron más de 24 horas” y fue presentado a los medios de comunicación antes de ser puesto a disposición de la PGR.

La víctima recibió una patada en el rostro que le hizo perder un diente, además de otras lesiones, mismas que fueron omitidas en un certificado médico elaborado por un supuesto médico de la SSP que ni siquiera firmó el oficio; un perito en sicología de la CNDH valoró al quejoso y determinó que sí presentaba signos del maltrato que recibió.

El 27 de mayo el ombudsman nacional Raúl Plascencia emitió la recomendación 30/2011 también contra la SSP federal, ya que sus policías incurrieron en tratos crueles contra el ex mando Javier Herrera Valles —acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud—, quien al momento de su detención fue golpeado innecesariamente provocándole lesiones como la fractura de una costilla, por lo que se pide la reparación del daño además de que el organismo establece que “no se opone a la prevención, investigación y persecución de delitos por parte de las autoridades que tienen a su cargo la procuración de justicia” pero “ningún delito puede ser combatido con la comisión de otro ilícito”.

Por tortura a tres mujeres y cinco menores se emitió la recomendación 31/2011 contra la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del estado de Chihuahua derivado de un operativo para investigar la muerte de agentes ministeriales de ese estado.

Se acreditó que militares y agentes ministeriales irrumpieron los días 19 y 20 de febrero de 2010 en las viviendas de las víctimas ubicadas en la localidad de Devisadero del Caballo Prieto, del municipio de Guadalupe y Calvo, quienes fueron golpeadas y amenazadas para que delataran a sus dos hermanos como presuntos delincuentes; peritajes demuestran las lesiones y los daños causados a los inmuebles.

El organismo indicó que “las agresiones más graves a las víctimas fueron realizadas por parte de los elementos ministeriales, sin embargo, además de la omisión de los elementos militares de evitar tales agresiones existen señalamientos directos sobre su participación activa en los hechos ocurridos”, aunque la Sedena y el gobierno niegan los hechos y la Procuraduría de Justicia estatal se negó a colaborar con la CNDH.

Mientras que en la recomendación 33/2011 dirigida a la Secretaría de Marina, se estableció que elementos del 14 Batallón de Infantería abusaron del uso de la fuerza pública el 4 de julio de 2010, por disparar contra los tripulantes de una camioneta cuyo conductor se negó a detenerse en el municipio de San Blas, Nayarit, provocando la muerte de una persona y lesiones a dos más.

El 7 de junio se emitió la recomendación 34/2011 contra la Secretaría de Marina, el gobierno de Nuevo León y la presidencia municipal de Santa Catarina, que involucra a mandos de Semar y su personal así como a altos funcionarios de seguridad pública local, por desaparición forzada, tortura y privación de la vida de un hombre que fue detenido el 21 de marzo de 2010.

La víctima apareció muerta un día después en un lote baldío, y la última vez que se le vio con vida era trasladado en un helicóptero de Marina a un hospital; el organismo defensor también acreditó que otro sujeto fue privado de la libertad ilegalmente en el mismo evento y torturado, por lo que se presentará la demanda penal.



Silvia Otero, El Universal, 12 de junio.

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