La CNDH denunciará a servidores de PF e INM

Funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal (PF) falsearon declaraciones ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante una investigación del organismo, que concluyó que los servidores públicos violaron diversas garantías de un reportero y de siete migrantes durante un operativo en Puebla, en julio de 2010, por lo que se presentará denuncia penal y administrativa contra los implicados.

La recomendación 36/2011, dirigida a Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y a Salvador Beltrán del Río, comisionado del INM, exige sanciones para el personal involucrado, la reparación del daño a las víctimas, y que en los operativos migratorios se permita el trabajo de los medios de comunicación para impedir que se vuelva a vulnerar la libertad de expresión, como ocurrió en ese caso.

Estas son las conclusiones de la investigación que realizó la CNDH en torno al operativo que realizaron agentes del INM y de la Policía Federal, el 16 de julio de 2010, en un tramo ferroviario del municipio de Soltepec, Puebla, en el que el reportero independiente Irineo Mújica Arzate y siete indocumentados originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala fueron objeto de abuso de autoridad y de malos tratos, físicos y verbales.

Ese día, el comunicador viajaba en el mismo tren que los indocumentados centroamericanos cuando elementos y mandos del INM y de la Policía Federal detuvieron la marcha de la máquina y los obligaron a descender; aunque Mújica se identificó, fue obligado con violencia a bajar, despojado de su cámara de video y de otras pertenencias, y golpeado por personal de ambas dependencias, según consta en los peritajes médicos que se le practicaron.

Los siete migrantes agraviados en este caso —según acreditó la CNDH— también fueron maltratados por su condición de extranjeros. En sus declaraciones confirmaron la agresión al periodista, aunque por ser indocumentados fueron repatriados a sus países en julio de ese mismo año, pero el organismo logró obtener sus testimonios.

Aunque los servidores públicos borraron evidencias de las imágenes que tomó Mújica Arzate durante el operativo, se lograron recuperar dos videos que permitieron demostrar que aunque los funcionarios negaron violaciones cometidas durante su actuación, incurrieron en falsedad de declaraciones.

Exigen investigación a fondo

En la recomendación se concluyó que servidores públicos del INM —cuyo nombre se omite por ley— “vulneraron los derechos a la libertad de expresión, a la propiedad, al honor, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y a la seguridad jurídica del reportero, así como los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica de los migrantes”, y que los policías transgredieron las garantías del comunicador.

El día del operativo, el INM emitió el boletín 268/10, “en el que se difunde información que resulta contraria a la realidad de los hechos”, ya que se le imputa al reportero haber azuzado a los migrantes para agredir al personal, por lo que la CNDH pidió a la dependencia eliminar de internet ese comunicado que daña el honor y la imagen de Mújica.

Aunque el 2 de junio pasado la PGR consignó penalmente a los funcionarios por abuso de autoridad y robo calificado, la CNDH también pide al INM y a la SSP que se investigue a todos los servidores públicos “que rindieron informes que no se apegan a la verdad de los acontecimientos”.


Silvia Otero, EL Universal, 25 de junio.