Ley antimigrante de Georgia, bloqueada

WASHINGTON.— Un juez federal emitió ayer una medida cautelar que bloquea algunas de las cláusulas más polémicas de la ley antiinmigrante HB87 de Georgia.

En una decisión que ha evocado la batalla legal recorrida por la ley SB1070 de Arizona, el juez de distrito Thomas Thrash Jr, decidió bloquear los apartados que autorizaban a los cuerpos policiales locales y estatales a cuestionar a cualquier persona sobre su estatus migratorio cuando consideren exista alguna “causa probable”.

“Policías estatales y funcionarios no tienen autorización para arrestar, detener o perseguir a nadie con base en las secciones 7 y 8 de la ley HB87, mientras esta medida cautelar se encuentre en efecto”, advirtió el juez, en un fallo que ha dejado en suspenso una ley que debía entrar en vigor el próximo 1 de julio.

El magistrado suspendió además una cláusula que amenaza con convertir en delincuentes a todos aquellos que transporten, ofrezcan ayuda o refugio a inmigrantes indocumentados.

Organizaciones como la Liga Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU) festejaron la decisión y argumentaron que la resolución judicial “era de esperar”, ya que la ley es un remedo de la SB1070 que dirime el noveno circuito de apelaciones de San Francisco por su carácter inconstitucional.

La HB87 es una copia de la ley Arizona, que se ha convertido en punta de lanza de organizaciones que orbitan en la zona de influencia del Partido Republicano y que intentan llenar el vacío creado por el gobierno federal para resolver la situación migratoria de más de 11 millones de indocumentados y atajar el fenómeno de la inmigración ilegal.

Pero, a diferencia de la controvertida ley de Arizona, la HB87 pretendía ir más allá, ya que estipulaba, entre otras cosas, que los trabajadores condenados por el uso de documentos falsos en la obtención de empleo pueden recibir sentencias de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares.

Las organizaciones e individuos que han decidido entablar la demanda aseguran que la aplicación de la ley llevará a la discriminación y a la detención de personas simplemente por su aspecto racial.

Varias organizaciones, incluida la Liga Anti-Difamación y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, y los gobiernos de 12 países latinoamericanos (México entre ellos) han presentado testimonios que respaldan a los demandantes.

Anuncian policía especial

La decisión del juez Thrash, contra la HB87 en Georgia se ha producido el mismo día en que la gobernadora de Carolina del Sur, la republicana Nikki Haley, autorizó crear una unidad policial especializada en combatir al inmigración ilegal.

“La gobernadora ha decidido firmar una ley draconiana que no sólo hará daño a la comunidad, sino que traerá consigo gastos innecesarios con cargo a los contribuyentes”, aseguró Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.

La ley autoriza a los agentes de la policía a indagar el estatus migratorio de sospechosos de ser indocumentados.

Por su parte, la Cancillería mexicana lamentó la promulgación de la ley S20 de Carolina del Sur, pero celebró el fallo sobre la ley de Georgia.


Jaime Hernández corresponsal, EL Universal, 28 de junio.

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