Reprueban ONG a México en examen sobre derechos humanos

Organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos hicieron ayer un balance del Examen Periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Consideraron que “los feminicidios y los asesinatos violentos contra mujeres se han incrementado sustancialmente, lejos de disminuir; las agresiones y amenazas contra defensores crecen, y continúan las violaciones a las garantías de los migrantes”.

El proyecto de reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados “es regresivo y atenta contra las conquistas de los trabajadores”, y en materia de seguridad y militarización la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Ejecutivo en cuatro sentencias reformar el Código de Justicia Militar. Sobre la propuesta de cambios que el presidente Felipe Calderón hizo llegar al Senado dijo que “es insuficiente”.

En conferencia de prensa, la secretaria ejecutiva de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, Agnieszka Raczinska, comentó: “Vemos avances en términos legislativos con la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y otras modificaciones han sido positivas; sin embargo, hay un trecho muy grande entre su promulgación y el hacerlas efectivas”.

El consejo de la ONU emitió 91 recomendaciones al gobierno mexicano, pero éste no aceptó varias, como la del fuero militar, la cual plantea modificarlo para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean juzgados por tribunales civiles, así como la definición constitucional de delincuencia organizada.

Ana Luisa Nerio, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, manifestó que “hay desencanto en organizaciones civiles con la implementación de los programas que el Estado debe poner en marcha de acuerdo con el Programa Nacional de Derechos Humanos. No hay interlocución con el gobierno”.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicanos de Derechos Humanos y Democracia, señaló que el Estado continúa militarizando la seguridad pública y haciendo uso de figuras como flagrancia y flagrancia equiparada para realizar detenciones y fincar responsabilidades. Manifestó su preocupación porque la Ley de Seguridad Nacional criminaliza a las organizaciones civiles y busca dar a los militares un marco legal del que hoy carecen.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que el gobierno no aceptó las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el fuero militar y la definición de delincuencia organizada. Si no las admite, apuntó, difícilmente se pondrá fin a la impunidad.

Víctor Ballinas, La Jornada, 14 de junio.

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