Siguen los secuestros masivos de migrantes en el sur del país

Saltillo, Coah., 16 de junio. El pago por extorsiones y secuestros que organizaciones criminales cometen en México contra migrantes centroamericanos significan al año unos 50 millones de dólares, advirtieron organismos defensores de los derechos humanos en las conclusiones del taller internacional Por el derecho a migrar sin violencia, cuyos trabajos fueron encabezados por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

Además de ser presas fáciles para extorsiones económicas, los centroamericanos son vistos por los criminales “como mercancía” para el tráfico de órganos al que las víctimas acceden a cambio de ser introducidos a Estados Unidos, lo cual no siempre ocurre, expuso el sacerdote Prisciliano Peraza García, director del Centro Comunitario de atención al Migrante y Necesitado de Altar, Sonora.

“Conmigo han llegado personas que perdieron un ojo porque (los criminales) les prometieron que los iban a cruzar (a Estados Unidos) y allá les iban a extirpar la córnea, pero se las quitaron y nunca los pasaron; no obstante, los agresores siguen pidiendo dinero a la familia de la víctima para soltarla, cuando ya se encuentra con nosotros (en el albergue) y a sus parientes les hacen creer que los tienen en Phoenix”, relató.

Para dimensionar la magnitud del negocio que la migración representa en su tierra, Peraza García explicó que para ser trasladados ilegalmente de Altar, Sonora, a Phoenix, Arizona –trayecto de 100 kilómetros–, cada indocumentado paga a los delincuentes entre 2 mil 500 y 3 mil dólares.

“Estamos hablando de un negocio increíble en dinero”, apuntó. Por ejemplo, detalló, “una camioneta lleva 35 personas de Altar a la frontera a las cuales les cobran entre 2 mil 500 y 3 mil dólares, y son 60 o 70 camionetas por hora; además, secuestrarlos es un negociazo. En Altar, 80 por ciento de las personas que transitan por esa localidad son extorsionadas y de 85 a 90 por ciento de las mujeres que pasan por ahí son violadas”.

En el sur de México la situación no es diferente. El sacerdote Tomás González Castillo, responsable del refugio de migrantes Jesucristo Resucitado, de Tenosique, Tabasco, denunció que en la región los secuestros de migrantes ocurren de forma masiva y en cada caso son entre 40 y 50 las víctimas. “Por cada uno piden entre mil y 7 mil dólares”, anotó.

Michelle Téllez, investigadora de la Universidad de Arizona en temas de violencia contra la mujer, consideró que la militarización de sus fronteras que realizan México y Estados Unidos es la principal causa “de la escalada de violencia contra los migrantes”.

Ante esto, un acuerdo del taller es que los grupos pro defensa de la migración centroamericana pugnen por que los gobiernos de aquella zona del continente se involucren en establecer garantías de seguridad para los desplazados. “Hay necesidad de regionalizar la defensa de los migrantes para quitar de encima este lastre espantoso de la criminalidad sobre nuestros hermanos; la solución es regional y debemos incidir en los gobiernos y la sociedad centroamericanos”, consideró Vera.

Con el obispo de Saltillo coincidió Ana Lorena Delgadillo, representante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quien señaló que la demanda de freno a la violencia y a la impunidad que afecta a los migrantes está “dirigida a las autoridades competentes del Estado mexicano, pero también a los gobiernos centroamericanos porque queremos que éstos tengan una defensa activa de los derechos de sus connacionales que están en México”.

Hay avances que requieren organización, opinó Norma Romero Vázquez, del grupo de mujeres que proveen agua y alimento a cientos de migrantes a su paso por el poblado La Patrona, municipio Amatlán de los Reyes, Veracruz. “Para los migrantes México es la peor pesadilla”, afirmó.

Iver Orstavik, de la Fundación Rafto, aseguró que México “requiere voluntad” y no “legislaciones adicionales” para que se cumplan las garantías a las cuales tienen derecho los migrantes.

Los participantes acordaron solicitar al Congreso de la Unión que incorpore en la ley de migración la posibilidad de que los centroamericanos accedan a una visa de tránsito que les permita desplazarse fuera de la clandestinidad en su trayecto hacia Estados Unidos.

Leopoldo Ramos, La Jornada, 17 de junio.