... y los priistas contraatacan

El PRI presentó ante el IFE una denuncia contra el presidente Felipe Calderón; el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y el director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Segob, Álvaro Luis Lozano, por la difusión de propaganda gubernamental “prohibida” en la campaña electoral del Estado de México.

De acuerdo con el documento presentado por el representante del PRI ante ese órgano electoral, Sebastián Lerdo de Tejada, con esos mensajes transmitidos en radio y televisión, el Ejecutivo federal mostró “una decisión de incidir o influir en la opinión” de los habitantes de esa entidad, en particular de los electores en esta etapa del proceso comicial.

A unas horas de que el Instituto Electoral mexiquense ordenó al gobernador Enrique Peña Nieto retirar su publicidad de espectaculares, bardas y lonas, entre otros medios alternativos, el PRI señaló también, en su queja ante el IFE, que el gobierno federal hizo una “difusión exagerada de propaganda en medios de comunicación”.

Indicó que a partir del 16 de mayo, cuando se iniciaron las campañas y hasta el 2 de junio, periodo en que realizó un monitoreo, se difundieron 60 mil 346 spots gubernamentales en el Estado de México, contra 29 mil 204 que corresponden a la prerrogativa de todos los partidos contendientes en la elección para gobernador.

“Ante tales datos, existe una presunción fundada que los spots difundidos en exceso fueron comprados o adquiridos por el gobierno federal”, se asentó en la queja.

El PRI señaló que todo ello procuró posicionar, de forma reiterada y sistemática, acciones, logros y programas del titular del Ejecutivo federal y de diversas dependencias que integran a dicho Poder.

Con ello buscó generar en la ciudadanía “una influencia indebida, habida cuenta que los mensajes difundidos en radio y televisión, en su número y por su contenido, no son indispensables o necesarios para orientar a la ciudadanía”.

Por tal motivo, el PRI planteó que esos spots “deben considerarse como propaganda gubernamental que se aparta de los fines informativos o institucionales que impone la Constitución federal.

México • Mauricio Pérez, Milenio, 25 de junio.

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