“Gobiernos, los agresores” de activistas pro migrantes

Los gobiernos federal, locales y municipales son los principales agresores de los activistas y defensores de derechos humanos de los migrantes, aseguraron representantes de distintas organizaciones.

Al presentar un informe sobre la situación que viven quienes defienden a los migrantes que cruzan México rumbo a Estados Unidos, señalaron que de 2010 a la fecha ha habido dos defensores asesinados y 46 agresiones más.

En conferencia de prensa en el Senado, el arzobispo Rafael Romo, responsable de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano; el padre Alejandro Solalinde, director de Hermanos del Camino; Alberto Xicoténcatl, encargado de la Casa del Migrante de Saltillo, y Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional, denunciaron que la situación en México ha vulnerado la seguridad de los migrantes y de los defensores de derechos humanos haciéndolos “víctimas de la violencia y del exterminio”.

“La falta de atención oportuna a la violencia e inseguridad ha generado que se elevara el número de ataques de 18 incidentes de riesgo en cinco años —2004 a 2009— a 46 en año y medio —29 en 2010 y 17 en 2011—, siendo el principal agente persecutor o agresor el mismo Estado, a través de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno que intentan intimidarnos para que no denunciemos abusos y violaciones de derechos humanos que cometen contra migrantes”, señaló Rafael Romo.

En el acto fue presentado un video en el que se observa a supuestos policías federales encapuchados en una intromisión a la casa del migrante San Juan Diego, en el Estado de México, para arrestar a un grupo de personas, el pasado 2 de julio.

En su oportunidad, el padre Alejandro Solalinde reclamó la falta de actuación y de interés del gobierno, lo cual, abundó, ha provocado que los activistas se conviertan en investigadores para denunciar secuestros, agresiones y asesinatos, tanto de migrantes como de sus defensores.

Más tarde, en entrevista, Solalinde dijo que no entiende la negación “sistemática” del gobierno sobre la situación de violencia que se vive en la llamada ruta del migrante. Esto al referirse a las declaraciones del secretario de Gobernación, Francisco Blake, durante su comparecencia respecto a que no tenían datos de que fuera secuestro masivo de migrantes lo sucedido en Medias Aguas, Veracruz.

En el informe, las organizaciones emitieron una serie de exigencias entre las que destacan desarrollar campañas de prevención del delito de secuestro de los migrantes, suprimir el requisito de visa para extranjeros, que se reconozca públicamente la labor que realizan los agentes de la Pastoral de Migrantes, y que la PGR y procuradurías locales “dejen de mantener la impunidad en las agresiones y violaciones a los derechos humanos.”

México. Omar Brito, Milenio, 23 de julio.