Investigan a ex presidente de Cofetel

La Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec) informó que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una indagatoria en contra de Héctor Osuna Jaime, ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), y otros funcionarios de dicha cámara, por la probable comisión de delitos.

Lo anterior es el resultado de una denuncia penal que fue interpuesta por la Canitec debido a que se presume que Osuna Jaime, durante su gestión al frente de la Cofetel –de junio de 2006 a junio de 2010–, incurrió en delitos que dieron origen a la “afirmativa ficta” que se dictaminó a favor de Teléfonos de México (Telmex).

Cabe recordar que la afirmativa ficta tiene que ver con el cumplimiento de Telmex con obligaciones y otros requisitos del Acuerdo de Convergencia, en gestiones realizadas durante 2008, y que tenían como finalidad lograr la modificación del título de concesión de la compañía telefónica para que pudiera proporcionar el servicio de transmisión de video.

El organismo —dirigido por Alejandro Puente Córdoba— señaló que en la denuncia que presentó ante la PGR se observan “las notorias desviaciones y posibles acciones y omisiones probablemente constitutivas de delito en la actuación de Héctor Osuna y otros funcionarios de la Cofetel para beneficiar con dichos actos a Telmex en la obtención de la afirmativa ficta a su favor”.

Ante ello, la PGR, se agregó, resolvió turnar el pasado 11 de julio un oficio dirigido al titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia la denuncia de la Canitec para que se proceda conforme a derecho.

La Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable confía en que la PGR actuará en el cumplimiento de sus atribuciones y se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

Durante su gestión al frente de la Cofetel, Osuna Jaime se vio envuelto en la polémica por la Ley Federal de Telecomunicaciones, bautizada como “Ley Televisa”, por las ventajas que, se dijo, ofrece a los grandes consorcios y la participación que éstos tuvieron en la redacción de dicha ley, que entre otros aspectos no reconocía a los medios públicos o comunitarios, ni obligaba a los medios privados concesionados a pagar al Estado dinero por explotar un bien de la nación con el uso de nuevas frecuencias.


Cecilia Higuera, La Crónica, 25 de julio.