Jornalero agrícola pide al relator de la CIDH no olvidar la migración interna; “a mi hijo lo mató un tractor; somos como fantasmas”, dice Cruz Salgado

“Llevo 25 años de jornalero agrícola y en todo este tiempo ninguna autoridad me ha preguntado en qué condiciones trabajo… Mi hijo murió hace cuatro años y es como si no nada hubiera pasado, como si fuéramos fantasmas”…

Este fue el testimonio de Cruz Salgado Aranda ante Felipe González, Relator sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ayer se reunió con víctimas, organizaciones sociales y grupos defensores de derechos humanos.

Le pidieron visibilizar el problema de la migración interna, no sólo la de centroamericanos que cruzan por nuestro país para llegar a Estados Unidos.

Don Cruz, de la comunidad de Ayotzinapa —municipio de Tlapa, Guerrero— es papá de David, el pequeño de nueve años que en el Día de Reyes de 2007 murió al ser atropellado por un tractor en un campo para la recolección de jitomates, en Sinaloa.

Desde entonces, se compartió al comisionado, al menos ocho niños migrantes han fallecido en centros agrícolas.

“Toda mi vida me he dedicado a migrar a los campos, para no morir de hambre; los gobiernos siempre pregonan sus programas, pero cuándo se acercan a los trabajadores para preguntarnos cómo están los autobuses en los que viajamos, cómo nos contratan, si nos pagan a o no, dónde vivimos, qué hacen nuestros hijos, si van a la escuela o no… Mi David se fue y la situación es la misma”, dijo el indígena nahua.

Una de las instancias que presentó a González información sobre la situación de vulnerabilidad de los jornaleros fue el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (de Guerrero, máximo expulsor del país).

“Se le habló de la necesidad de crear líneas de trabajo que permitan visibilizar la problemática de los jornaleros, quienes padecen situaciones similares a la de los extranjeros de paso por México”, expresó Margarita Nemecio, coordinadora del área de migrantes.

Y señaló: “Estamos preocupados, porque la relatoría se está centrado más a los centroamericanos que son víctimas de secuestros y delincuencia organizada, pero son los mismos riesgos de los inmigrantes internos, que sufren constantes violaciones a sus derechos… No sólo se trata de brindarles más seguridad, sino mejores condiciones de trabajo y de vida”.

Las organizaciones solicitaron que en el informe del relator haya un apartado de recomendaciones en esta materia para el gobierno mexicano, con el objetivo de dar seguimiento a los avances o denunciar omisiones.

Otro de los temas pendientes es la migración de indígenas a EU.

Según Tlachinollan, durante los últimos 13 años han emigrado de territorio guerrerense 388 mil jornaleros de las zonas indígenas del estado; van principalmente a Baja California, Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León; casi la mitad son menores de edad, como David, el olvidado.

Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 27 de julio.