Peligra defensa de migrantes

Un informe presentado ayer por la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, señala que en el último año y medio se registraron 44 agresiones a defensores, en contraste con las 18 ocurridas entre 2004 y 2009.

De esas 62 agresiones a lo largo de seis años y medio, en 25 casos los autores fueron funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, lo cual los coloca como los principales atacantes.

La Pastoral de la Movilidad Humana depende de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la integran más de 500 agentes, entre obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos, que albergan, alimentan, asesoran y defienden los derechos de los migrantes.

En su informe elaborado a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el cual ayer fue presentado también en el Senado, el organismo católico detalla el tipo de agresiones a sus agentes y a otros defensores de migrantes que tienen vínculos con la pastoral.

"En este plazo se han sufrido dos privaciones de la vida... se han sufrido tres atentados que intentaron amedrentar a los defensores para que les entregaran a las personas migrantes alojadas en los albergues", dice el documento.

Entre los incidentes está el ingreso arbitrario de agentes del Instituto Nacional de Migración a uno de los albergues en el sur del país en abril de 2009, quienes se llevaron arrastrando a uno de los indocumentados que ahí se hospedaba, así como el allanamiento de personas uniformadas como policías federales al albergue San Juan Diego, en Lechería, Estado de México, en julio de 2010.

El documento también da a conocer que las amenazas, agresiones y hostigamiento a los defensores y a los albergues provocaron que la CIDH y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitaran la implementación de 16 medidas cautelares, que no se han cumplido a cabalidad.

En el albergue de Saltillo, expone el informe, aún no se han instalado las cámaras de circuito cerrado para que videograben los alrededores, a más de dos años de que fueron solicitadas.

"Todos nuestros defensores de migrantes y promotores de derechos humanos viven completamente en riesgo", alertó ayer Rafael Romo, Obispo de Tijuana y responsable de la Pastoral.

En la presentación del informe, Alberto Herrera, director en México de Amnistía Internacional, reprochó que a más de dos años de que la Secretaría de Gobernación se comprometió a instalar un mecanismo permanente de protección para los defensores, éste aún no exista.



Prometen ley

El senador panista Rubén Camarillo aseguró que hay un consenso entre su bancada y las de PRI, PRD y PVEM para votar antes de diciembre una ley de protección a los defensores de los migrantes.

"Seguimos empeñados en el Senado en presentar el próximo mes de septiembre una ley que permita ir aterrizando e ir acotando los espacios para que el Estado mexicano pueda dar una respuesta contundente.

"No podemos quedarnos cruzados de brazos los senadores ante esta realidad que nos atropella e indigna a todos", dijo.

Tras recibir el informe de la Dimensión Pastoral, el senador reconoció que la política que ha implementado hasta ahora la autoridad no es suficiente.

"Tenemos que reconocer que las medidas que se han adoptado no han sido suficientes", dijo.

El panista externó su apoyo al sacerdote Alejandro Solalinde, responsable del Albergue "Hermanos en el camino".

"Padre Solalinde, le quiero decir que usted no está solo, ojalá nos siga teniendo confianza, como nos la tuvo para participar cuando hicimos los foros para la ley de migración".





Labor humanitaria bajo acoso

Tipos de violaciones contra defensores de migrantes documentados entre 2004 y julio de 2011 por la Pastoral de la Movilidad Humana:


2 asesinatos, de Raúl Mandujano y Rafael Cruz Santiago
3 atentados a su integridad
9 amenazas a su vida e integridad
4 declaraciones públicas deslegitimando su labor


· 12 casos de hostigamiento verbal o de vigilancia a su labor.

· 11 reportes de uso arbitrario del sistema penal, como denuncias de tráfico de personas.

· 12 robos de información o allanamiento de oficinas.

· 10 violaciones a su derecho a la libertad o a su seguridad personal.



Los responsables

Funcionarios de los tres niveles de gobierno: 25
Agentes no gubernamentales: 23
No identificados: 14


· Zonas donde se han registrados los 62 casos de agresión a los defensores:

25 en el norte, 15 en el centro y 22 en el sur

Verónica Sánchez y Carole SImonnet, Reforma, 23 de julio.