Reportan 523 agresiones a defensores

Entre 2005 y 2011 se han presentado en México 523 quejas de agresiones a defensores civiles de los derechos humanos, incluyendo 27 asesinatos a manos de grupos delictivos y autoridades, de acuerdo con un reporte presentado ayer.

El Informe Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos en México detalla que el sistema no jurisdiccional de protección atendió en promedio 21 casos al año entre 2005 y 2009, cifra que se elevó a 48 el año pasado.

"Los derechos humanos más comúnmente señalados como vulnerados son los derechos a la vida, a la integridad, seguridad y libertad personales, debido proceso y garantías judiciales, así como libertad de expresión e información, derecho de reunión, libertad de asociación, honra y privacidad, por hechos consistentes en intimidación, amenazas, integración irregular o deficiente de la averiguación previa y dilación en la procuración de justicia, privación a la vida, detenciones arbitrarias y cateos ilegales y uso arbitrario de la fuerza pública, así como prestación indebida del servicio público", explica.

Elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el informe señala que las procuradurías general y estatales sólo reportan en el periodo de 103 casos de delitos cometidos en perjuicio de los defensores, lo que refleja un subregistro por el temor de los activistas a ser revictimizadas por las autoridades y porque éstas carecen de una definición clara sobre el trabajo de los activistas.

Las quejas por agresiones a defensores derivaron en la solicitud de 156 medidas cautelares para prevenir la consumación de hechos violentos.

De ese total, 59 han sido solicitadas por la CNDH, 20 de ellas en 2010.

De acuerdo con Fernando Batista, quinto visitador general del organismo y responsable del informe, esto refleja el incremento de agresiones contra los activistas.

Según el documento, los estados con mayores quejas recibidas son Jalisco, Distrito Federal, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua.

Presentado en una conferencia a la que asistió la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, el informe advierte que las procuradurías locales y las instituciones de seguridad en los tres niveles de gobierno concentran la mayor cantidad de señalamientos como responsables de los agravios contra los defensores.

"Los abusos, dilaciones y omisiones en que incurren las autoridades ministeriales y judiciales durante la integración de las indagatorias, propician que los defensores resulten víctimas de abuso del poder, sobre todo cuando los responsables no son detenidos y sancionados", apunta.

Daniela Rea, Reforma, 7 de julio.