Acotan perdón a reos de Chávez

CARACAS.- La enfermedad del Presidente Hugo Chávez cambiará el destino de algunos prisioneros venezolanos.

Después de regresar al país, tras ser operado de un tumor en Cuba, el Mandatario pidió al Poder Judicial otorgar beneficios a aquellos que tuvieran problemas de salud graves.

"Que tengan todo el tratamiento médico que necesitan", exhortó Chávez. Rápidamente, la Fiscalía General anunció que evalúa, junto a la Defensoría del Pueblo, la liberación de medio centenar de presos enfermos y algunos comenzaron a recibir permisos para exámenes médicos.

Tales beneficios están previstos en la ley.

Los dos primeros en salir han sido el activista opositor Alejandro Peña Esclusa y el ex comisario Lázaro Forero, quienes sufren cáncer de próstata.

Peña estaba en prisión desde 2010 acusado de presuntos planes terroristas; mientras que Forero pagaba, desde 2004, una condena de 30 años por doble homicidio durante el golpe de Estado de 2002.

Ambos son considerados presos políticos por la Oposición pero para Chávez, "en Venezuela no hay presos políticos sino políticos presos". Sin embargo, la libertad fue condicionada al silencio. Los tribunales les prohibieron comentar sobre cualquier tema.

En el caso de Peña, las restricciones van más allá; tampoco puede escribir artículos ni asistir a reuniones públicas.

"Las medidas cautelares son para garantizar que el procesado va a estar pendiente de su proceso o va a cumplir su condena.

Prohibir que den declaraciones a la prensa es ilegal, no tiene fundamento jurídico y, además, es violatorio de la constitución y de la libertad de expresión", señaló el abogado José Luis Tamayo.

Según el penalista y defensor de Forero, estas condiciones "tiene el denominador común de que sólo se aplican en los casos políticos", pero las autoridades aseguran que tales medidas tienen justificación en el Código Penal.

La Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) lleva un registro de 168 presos políticos desde 1999. La mayoría ya fueron liberados por penas cumplidas o medidas humanitarias. En marzo salieron otros siete por la presión de más de 80 estudiantes, que hicieron huelga de hambre ante la sede de la OEA.

Aún quedan 20 tras las rejas, de los cuales cinco tienen problemas de salud, entre ellos tres funcionarios policiales condenados por el golpe de 2002 y un comisario electo diputado en 2010.

"Sus condiciones se han visto agravadas por la falta de asistencia. Desde hace tiempo estamos pidiendo atención médica para ellos, con conocimiento de la Cruz Roja y la Defensoría. Ni siquiera estábamos pidiendo su libertad", dijo a REFORMA la ex fiscal Jackeline Sandoval, esposa de uno de los prisioneros enfermos y miembro de Fundepro.

"Es lamentable que tuviera que enfermarse el Presidente para que se le otorgara el derecho a la salud", señaló.

La Defensoría divulgó una lista de 65 posibles beneficiados con diagnósticos que incluyen cáncer, diabetes, hemiplejía, insuficiencia renal, hemorragias cerebrales, VIH y problemas psiquiátricos.

La Fiscal Luisa Ortega advirtió que sólo aquellos que están graves o en fase terminal serán beneficiados.

Cristina Marcano, Reforma, 5 de agosto.