Aprueban pena de cadena perpertua a secuestradores

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados avaló ayer el dictamen que finca la pena de prisión vitalicia para quien prive de la libertad a una persona, o si la víctima es asesinada por los autores o partícipes del secuestro.

La sanción es una pena adecuada al fenómeno criminal y proporcional al daño causado, además de ser acorde con los derechos humanos de los inculpados, tal como lo confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala el texto del dictamen.

En la sesión, los integrantes de dicha instancia legislativa, que encabeza el diputado panista José Luis Ovando Patrón, aprobaron diversas reformas a los artículos 25 del Código Penal Federal, y 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro.

Ovando, al término de la reunión, dijo que “debe reconocerse plenamente que la aplicación de la pena de prisión vitalicia no resuelve por sí misma el problema de la criminalidad.

“Sin embargo, también es evidente que debe garantizarse a la víctima y a la sociedad condenas justas y proporcionales a los delitos tan crueles e inhumanos”, indicó.

Cabe señalar que de acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara baja, el delito del secuestro en México ha aumentado en un 317 por ciento en los últimos cinco años promediando 3.72 casos por día.

Morelos es la entidad con una mayor tasa de crecimiento junto a Coahuila, Oaxaca y Puebla. Además entre 2007 y hasta junio de 2010, la tasa promedio de crecimiento de las denuncias de secuestro en el país fue del 23 por ciento cada año, se abunda.

Se indica que el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, es uno de los crímenes que afectan a la sociedad de manera más profunda, ya que, además de que causa daños graves e irreparables a las víctimas y a sus familiares, crea un clima de inseguridad y temor en las comunidades.

Las características propias del secuestro, se añade, alientan a que los afectados no denuncien ni acudan a las autoridades.

Luciano Franco, La Crónica, 4 de agosto.