Autoridades simulan resultados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, sostiene la asociación civil Causa en Común, de Marí

La simulación es la principal característica de las acciones desarrolladas por los tres poderes de la unión y los tres niveles de gobierno como parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

A tres años de su firma en Palacio Nacional, la asociación civil Causa en Común, encabezada por María Elena Morera, realizó una evaluación de los avances en los compromisos signados —un estudio de 203 páginas— y concluyó que las autoridades “simulan resultados que no corresponden con la percepción ciudadana y justifican sus avances en métricas numéricas que pretenden sean consideradas como cumplimiento, sin embargo no han solucionado el fondo de la problemática ni han alcanzado los objetivos del Acuerdo”.

Según el análisis de la organización, sólo 25 de los 74 compromisos y 28 de los 90 objetivos que incluía el documento se han cumplido a cabalidad.

Detectó rezagos, inconsistencias y disimulo extremos en 18 de los 74 puntos.

El mayor grado de carencias y falsedades las ubicó en el “trabajo” de los gobiernos locales, tanto estatales como municipales: los primeros fueron incapaces de ejecutar las siete acciones que rubricaron y los segundos no consumaron ni una sola de las 8 que prometieron.

Los avances más notorios los tuvo el Poder Legislativo, que cumplió seis de sus siete compromisos (86%); en tanto, el Poder Ejecutivo realizó 12 de sus 28 responsabilidades (44%) y el Judicial, siete de 10 (70%).

El sector productivo (4 compromisos firmados), las asociaciones religiosas (2), las organizaciones de la sociedad civil (3) y los medios de comunicación (5) sólo registraron adelantos parciales.

Según Causa en Común, aun los acuerdos con buenas notas excedieron la fecha límite establecida para su cumplimiento.

“Algunas de las cifras reportadas como avances en los 74 puntos no tienen relación con el objetivo que se busca o están descontextualizadas”, apuntó.

“Los gobiernos y poderes que se comprometieron con los ciudadanos han quedado a deber. Después de tres años –que es el plazo más largo para la implementación de los deberes—…, no hemos visto una mejora sustantiva en la reducción de los niveles de violencia. Por el contrario, ahora estamos mucho más expuestos a ella que hace tres años”.

Desde una óptica basada en la incidencia delictiva, refirió que el éxito ha sido nulo, pues de 2008 a la fecha “se han incrementado los ilícitos que más afectan a la sociedad como el homicidio y el secuestro… Los homicidios pasaron de 28 mil a 35 mil, que representa un incremento del 25.1% y el secuestro subió de 907 a más de mil 200, para un aumento del 39%”.

La asociación afirmó que aunque los compromisos no pretendían un impacto inmediato, sino un cambio estructural, “los resultados no son los esperados y los magros avances institucionales, las deficiencias de las corporaciones, la ausencia de coordinación, entre otros temas, han mermado la seguridad. La falta de compromiso de los actores políticos involucrados ha originado un cumplimiento simulado”.

Las pruebas. Dentro de los 18 compromisos con más atrasos y simulaciones, 11 corresponden al Poder Ejecutivo Federal:

La depuración y el fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia, pues “de un total de 40 centros de evaluación y control de confianza proyectados, sólo 10 funcionan en todo el país, no cuentan con recursos para su operación ni con parámetros claros de interpretación; la falta de un modelo integral de dignificación de policías, que incorpore un sistema de profesionalización, capacitación y estímulos, pone en jaque a los centros al convertirlos en cacerías de brujas”.

Además de que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sólo se ha evaluado al 73.35% del personal de la SSP-f, al 69.54% de la PGR y al 49.07% del INM”.

Otras promesas en blanco son la emisión de una estrategia nacional contra el lavado de dinero, porque “el alto número de operaciones inusuales detectadas por Hacienda no se refleja en la integración de averiguaciones previas”. Y el registro y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y a la ubicación física de los móviles en tiempo real en casos relacionados con actividades delictivas, porque el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) ha terminado en fracaso.

También la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de emergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089); la expedición de la célula de identidad; la revisión del socorro de ley; el fortalecimiento del sistema penitenciario, del sistema de aduanas, del programa Escuela Segura y de la atención a adictos, “dado que se desconoce el impacto en las 3.5 millones de personas que se reportan como beneficiadas en los Centros Nueva Vida”.

Una de las “farsas” corresponde al Poder Legislativo Federal: el impulso a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y el diseño de reglas para impedir la preliberación y beneficios en delitos como el secuestro y otros cometidos con violencia, porque “la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones continúa pendiente de aprobación, pese a que ha sido considerada de urgente resolución”.

Dos corresponden al Poder Judicial de la Federación: el fortalecimiento de la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados, y la calificación de juzgadores especializados en justicia para adolescentes, pues “los jueces deben otorgar la protección de la justicia a menores adolescentes infractores, sea cual sea el delito que hayan cometido”.

Tres corresponden a los gobiernos estatales: la depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia, porque hasta la fecha “sólo 8 entidades cuentan con un Centro de Evaluación y Control de Confianza totalmente en operación… y tan sólo se ha evaluado al 84% de los altos mandos en las entidades federativas; en 18 entidades se ha evaluado a menos del 25% del total de su personal”.

Además la adecuación del funcionamiento de sus instituciones de seguridad pública estatales al marco nacional, porque “26 entidades no han revisado ni mejorado sus mecanismos de selección y capacitación de los elementos de seguridad y justicia de conformidad con la Ley”, y la incorporación a sus esquemas de seguridad del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.

Una más corresponde a los gobiernos municipales: la actualización de los permisos colectivos de portación de armas de fuego y registro del personal en el kardex de la Plataforma México, “porque sólo el 44% de los ayuntamientos lo cumplió, lo que significa que hay policías municipales que portan armas y no están amparados con esta licencia o no están capacitados para manejarlas. La ausencia de un marco normativo de regulación provoca un problema de corrupción, violencia e impunidad y contribuye a la creación de un caldo de cultivo de la delincuencia organizada en los municipios”.

Al final de su revisión, Causa en Común llamó a otras organizaciones sociales a plasmar acuerdos concretos en los temas coincidentes “y a partir de ahí empezar a construir”…

Las cifras

Compromisos asumidos por el gobierno federal: 28

Cumplidos: 44%

Sólo parcialmente: 53%

Incumplidos: 3%

Compromisos asumidos por el poder legislativo: 7

Cumplidos: 86%

Sólo parcialmente: 14%

Compromisos asumidos por el poder judicial: 10

Cumplidos: 70%

Sólo parcialmente: 30%

Compromisos asumidos por gobiernos estatales: 7

Cumplidos: 0%

Sólo parcialmente: 83%

Incumplidos: 17%

Compromisos asumidos por gobiernos municipales: 8

Cumplidos: 0%

Sólo parcialmente: 18%

Incumplidos: 82%

Compromisos asumidos por el sector productivo: 4 (sólo con avances parciales)

Compromisos asumidos por asociaciones religiosas: 2 (sólo con avances parciales)

Compromisos asumidos por organizaciones de la sociedad civil:

3 (sólo con avances parciales)

Compromisos asumidos por medios de comunicación: 5 (sólo con avances parciales)

Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 21 de agosto.