Presenta la UNAM 36 puntos para reorientar las instituciones de justicia y seguridad, así como la estrategia contra el crimen

El ex rector de la UNAM, Jorge Carpizo, presentó las 36 propuestas sobre seguridad desarrolladas por la máxima casa de estudios, entre las cuales destaca celebrar un pacto político y social para reorientar las instituciones de seguridad y justicia y, de esta manera, dar un giro a las estrategias para combatir al crimen.

El miembro emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas señaló que este cambio debe priorizar la prevención del delito, el respeto a los derechos humanos, preservar la integridad de las personas y abatir la impunidad. Explicó que estas propuestas están en el documento “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, y se entregará a los diferentes niveles de gobierno para que sean analizadas y, en su caso, aplicadas.

Una de las más importantes, señala Carpizo, es que la agenda de prevención esté centrada en los jóvenes, a quienes se ofrezcan oportunidades de empleo y educación.

Las propuestas emanan de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia y, de acuerdo con el también presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, participaron 88 especialistas en 18 mesas redondas del 6 al 10 de junio, quien las presentó ayer en la Antigua Escuela de Medicina

PUNTOS. En lo referente al combate al crimen, el doctor Jorge Carpizo dijo que se propone el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles tan pronto como sea posible; llevar a su máxima intensidad la persecución del lavado de dinero. “La persecución de este delito merece al menos la misma atención presupuestal y de centralidad política que la referente a los cuerpos de policía”, indicó.

Asimismo, dijo, se deben crear instituciones de policía y procuración de justicia con políticas de reclutamiento, formación y promoción desde un enfoque multidisciplinario.

También es necesario, dice, que se establezca un registro nacional de víctimas y fortalecer los mecanismos de reparación de daño.

Señala que se requiere tener en las instituciones de inteligencia una legislación que establezca los fines y servicios que proporcionan; transformar a los ministerios públicos en verdaderos órganos constitucionales autónomos, eficaces y ágiles, sustentados en el adecuado nombramiento de sus procuradores. Y favorecer la figura del policía, propiciando su acercamiento con la ciudadanía.

CÁRCELES. En lo que se refiere al sistema penitenciario, Jorge Carpizo indicó que se requiere un diagnóstico para reestablecer el orden y el imperio de la ley. En este punto, dijo que se debe dejar de ver a la prisión como la medida más adecuada para la solución del conflicto social generado por delitos violentos, dimensionándola como un último recurso únicamente para los delitos violentos y sólo con fines de protección social, readaptación y reinserción a la sociedad.

Al respecto, indicó que se debe llevar a los hechos la readaptación y reinserción social. Además, se tienen que despenalizar aquellas conductas que no atentan en forma importante contra la sociedad y trasladar las mismas a la esfera administrativa.

OTROS CAMBIOS. El investigador emérito de la UNAM señaló que otra propuesta es realizar una evaluación del Consejo de la Judicatura Federal y los consejos locales, a cargo de una instancia externa para combatir la corrupción y buscar la profesionalización de sus integrantes.

En el mismo plano, dijo que se debe transformar a los órganos fiscalizadores, como la Auditoria Superior de la Federación y sus análogas en las 32 entidades, en órganos autónomos y que no dependan de ninguno de los tres poderes públicos.

Una acción importante, dijo, es establecer un programa nacional de fortalecimiento institucional que haga operativos los mecanismos de rendición de cuentas.

También, precisa, se debe convertir a los institutos de acceso a la información pública en órganos constitucionales autónomos con facultades legales suficientes para que cumplan sus fines.

Además de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros lineamientos.

Adrián Figueroa, La Crónica, 9 de agosto.