Sólo parcial, apoyo a víctimas colaterales

El gobierno federal carece de un programa de atención o apoyo a víctimas “colaterales” producto de la lucha entre las fuerzas federales y el crimen organizado.

Algunas de las dependencias encargadas de la lucha contra el crimen han pagado indemnizaciones a víctimas colaterales y otras más les brindan apoyo sicológico, pero no existe en el país una política pública que obligue a las autoridades a responder a las personas inocentes afectadas por las acciones policiacas o militares contra la delincuencia.

Representantes de organizaciones ciudadanas aseguran que dado el incremento de víctimas colaterales de la lucha anticrimen es necesario que el Estado mexicano incluya alguna legislación que los proteja a ellos o a sus deudos.

Las únicas dependencias que informaron sobre la indemnización a víctimas colaterales fueron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretarías de Marina (Semar). Aunque no tienen un programa específico para este tipo de víctimas.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como la Procuraduría General de la República (PGR) no informaron sobre algún apoyo o resarcimiento a este tipo de afectados.

La Sedena ha entregado casi 16 millones de pesos por indemnizaciones a civiles por concepto de muerte, lesiones, pago de daños y servicios médicos durante los operativos realizados en contra del crimen en todo el país, de 2007 al mes de agosto de este año.

En términos cronológicos, en 2007 la Sedena pagó por reparación de daños un millón 4 mil 505 pesos; en 2008 fueron 3 millones 567 mil 760 pesos; en 2009, 4 millones 297 mil 997 pesos; en 2010, 5 millones 494 mil 804 pesos, y en lo que va de 2011 ha pagado un millón 484 mil 65 pesos, haciendo un total de 15 millones 849 mil 131 pesos, informó la Sedena.

Las indemnizaciones han sido resultado de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por denuncias presentadas por civiles y también de un procedimiento que la Sedena realiza, indica información de la dependencia.

Ese procedimiento de análisis de recomendaciones de la CNDH al Ejército implica, en un inicio, un periodo de 15 días en el que “se analiza la propuesta que emite la CNDH, que pretende restituir y reparar los daños y perjuicios ocasionados a los afectados”, dice el informe de la Sedena.

Del contenido de la recomendación, agrega, se desprenderá “la solicitud de inicio del procedimiento administrativo, averiguación previa, capacitación del personal militar en derechos humanos, medidas preventivas en la actuación del personal militar en el desempeño de sus funciones y la reparación del daño”.

La mayor parte de las indemnizaciones que pagó la Sedena por recomendaciones de la CNDH se ha centrado en zonas con operativos de alto impacto, como Apatzingan, Michoacán, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Del total de indemnizaciones proporcionadas por el Ejército, la Cremería Cotija recibió el mayor monto, con un millón 750 mil pesos por concepto de reparación de los daños provocados por personal castrense.

Entre otros pagos están los hechos a familiares de Abel Esparza Parra y Teresa de Jesús Flores Sánchez, por los gastos médicos de un incidente que ocurrió en 2007. En 2008 se pagó a los familiares de Rosario Elena Castro López y Camilo Basadúa Baranco.

También a los familiares de la menor Alejandra Guadalupe Pérez Gutiérrez, y a los de Zenón Alberto Medina López, Manuel Medina Araujo, Édgar Geovanny Araujo Alarcón, Irineo Medina y Miguel Ángel Medina Medina.

Destacan los pagos a Wilfredo Ernesto Madrid Medina, quienes fueron agredidos a tiros por soldados en marzo de 2010 en Santiago de Los Caballeros, Sinaloa. Adicionalmente, a Marcela Santiago Mauricio, por una lesión neurológica severa.

La Sedena también dio una indemnización a los familiares de los menores fallecidos Edwin Castañeda López, Lesly Alejandra del Río Pérez y Noemí Piñales, en Villa de Cos, en Zacatecas en mayo de 2008, y en 2010 a los familiares del menor Carlos Iván García Calderón, que fue muerto en la carretera Morelia-Mil Cumbres.

La Marina informó que desde que inicio la estrategia en contra del crimen organizado únicamente en diciembre del 2010 esa dependencia realizó el pago de 167 mil 783 pesos por concepto de reparación de daño, como resultado de una recomendación de la CNDH y sin precisar el caso relacionado.

Añadió que “durante el 2011 no ha realizado ningún pago por reparación de daño relacionado a muerte y lesiones” y de 2006 a noviembre de 2010 no se tiene registrado ningún pago por los conceptos referidos.

La dependencia federal agregó que “no existe ninguna política interna en la institución; sin embargo cumple en tiempo y forma las resoluciones de las autoridades correspondientes en los casos que así se requiera”.

Exigen política de Estado

Para Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y María Elena Morera, presidenta de Causa Común, es urgente que el Estadio mexicano cuente con un mecanismo para la reparación del daño de las víctimas colaterales.

“Deberíamos contar con un mecanismo de reparación de daño [...] Ojalá que en la nueva ley que se contempla desarrollar para víctimas ahí esté”, dijo Miranda de Wallace.

Recordó que en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se contempla la creación del Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro, por lo que sería importante contar con un programa similar para reparar el daño de víctimas colaterales.

Morera advirtió que es necesario un mecanismo que atienda a las víctimas, que pague los daños cuando la autoridad actúe contra la sociedad.

Dijo que si bien hemos visto que en algunos casos el Ejército ha “pagado los daños”, esto no se hace de manera cotidiana.


Alberto Morales y Doris Gómora, El Universal, 18 de agosto.