Duda CNDH de la fiscalía para víctimas

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) externó sus reservas en torno a la creación por decreto de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos. Luis García, primer visitador general del organismo, advirtió que la nueva fiscalía tendrá el reto de una reingeniería de los procesos y de las instituciones que ya existen, de lograra una coordinación local y federal, así como de dar seguimiento integral y especializado a las víctimas. "Es un reto muy ambicioso. Desde la CNDH tenemos varias interrogantes: Cómo va a operar para el número de víctimas que hay en el País; cómo va a operar desde el punto de vista de la legalidad para hacer la desincorporación de facultades; cómo coordinará la atención integral, la eficiencia ante los altos niveles de impunidad", cuestionó. El visitador detalló que si realmente buscan lograr una atención integral, se requerirán reformas a distintas leyes, como las orgánicas de la PGR, de SSP, así como al Código Federal de Procedimientos Penales, de lo contrario podría resultar ineficiente por falta de andamiaje jurídico. Además, dijo que para la CNDH es preocupante que en el decreto la defensa legal gratuita esté supeditada al presupuesto, ya que la principal exigencia de las víctimas es el acceso a la justicia. "En un País donde la impunidad es del 98 por ciento, el reto es que una instancia de ese tipo pueda atender debidamente, con expediente victimológico, para identificar necesidades y, entonces sí, trabajar de manera articulada para atenderlas", dijo García. La diputada Teresa Inchaústegui, secretaria de la Comisión de Seguridad, advirtió que la creación de la fiscalía evade la revisión de las instituciones ya existentes dentro del gobierno federal dedicadas a la atención a víctimas, que no han hecho su trabajo. "Es una respuesta política para salir al paso con pocas posibilidades de cuajar en lo que resta del sexenio. El tema de fondo es que se analice qué es lo que falla en las instituciones obligadas a la atención con la reforma del artículo 20 constitucional. Se trata de revisar esas instancias, darles más atribuciones, fortalecerlas, no de crear más organismos", consideró la legisladora perredista. "Es un galimatías. Como órgano descentralizado, se le adjudican funciones que rebasarían su competencia. No tiene el nivel ni atribución, carece de una línea de mando directa. Entonces ¿Cómo va a cumplir sus funciones? Es una ventanilla más", planteó. Teresa Inchaústegui recordó la existencia de la subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, responsable de delinear las políticas de atención a las víctimas u ofendidos por la comisión de delitos federales. La nueva coordinaría además la atención a víctimas de delitos del fuero común. Además, el sistema DIF brinda apoyo emocional a un margen abierto de víctimas. Daniela Rea, Reforma, 8 de septiembre.