Piden a Guatemala cesar los desalojos violentos

NUEVO PROGRESO. Luego del desalojo presuntamente violento de campesinos en el departamento de Petén, Guatemala, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) exigió al gobierno del país centroamericano abstenerse de implementar más acciones de este tipo en la zona, donde se ha constatado que ello ha provocado que comunidades enteras vivan en condiciones deplorables, sin alimentos, sin vivienda y desprovistos de toda protección. Desalojados días atrás de sus viviendas, las cuales fueron destruidas e incendiadas por un operativo de autoridades guatemaltecas, ahora el pueblo de Nueva Esperanza, Libertad, Petén, Guatemala, vive en el limbo internacional, al refugiarse sobre la línea divisoria de México. Este pueblo conformado por alrededor de 90 familias, que prácticamente fue expulsado de su país, huyó hacia este punto ubicado entre una zona serrana y selvática de la frontera de México y Guatemala. El Departamento (estado) de Petén se encuentra en estado de sitio, desde hace dos meses, donde en mayo pasado Los Zetas masacraron a 27 campesinos. El estado de sitio decretado el 15 de mayo en Petén, incluyó el envío de cientos de policías y soldados, y que en ese país les permite “investigar” en cualquier comunidad para realizar arrestos sin necesidad de una orden legal, disolver reuniones públicas y prohíbe posesión de armas. Los refugiados espetan que “nosotros no somos delincuentes”. La CIJ solicitó que las instituciones de justicia de Guatemala efectúen una investigación profunda, rápida, objetiva e imparcial que identifique a los responsables del desalojo violento, se les someta a un juicio justo y se identifique y castigue a los responsables de los hechos. Ramón Cadena, director de la CIJ en Guatemala, dijo que en Petén hay evidencias de actos de corrupción en las instituciones del Estado, de la presencia del crimen organizado y narcotráfico en la región, además de una debilidad de las instituciones y graves violaciones a los derechos humanos cometidas principalmente por agentes de la PNC o de otros cuerpos de seguridad. EL Universal, 3 de septiembre.