Solalinde denuncia extorsión de “Zetas”

QUERÉTARO. Un grupo de sacerdotes, entre los que había obispos y arzobispos, así como religiosas, fue obligado por presuntos delincuentes a pagar “derecho de piso” en Sonora. Al menos 120 personas, integrantes de una comisión de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia católica, viajaron al estado fronterizo para evaluar la situación que en esa zona —colindante con el desierto de Arizona, en Estados Unidos— enfrentan los migrantes. Cuando se aproximaban a la comunidad de Sásabe fueron detenidos por varias personas que iban a bordo de camionetas, quienes les exigieron un pago para poder pasar. “Tuvimos que llegar con permiso y custodiados y obviamente pagándoles a un cártel”, recuerda el padre Alejandro Solalinde, quien formaba parte de ese grupo. Especifica que en ese sitio se le pagó a un cártel lo equivalente al boleto y todo lo que era el pasaje. “Teníamos que ir a la frontera para ver cómo estaba la situación, pero no podíamos pasar por ‘nuestras pistolas’. Si hubiéramos ido por nosotros mismos, fuéramos cadáveres, nos hubieran matado”, afirma. Cuando llegaron a Sásabe, “de repente vamos viendo por ahí, cerquita de la frontera, una carretera buenísima, nueva, bien señalada, pintada y todo. ‘Y eso a dónde va’, preguntamos, la respuesta fue que venía ‘exactamente de donde vienen’. Obvio que de nueva cuenta se planteó el por qué no viajamos por ella, a lo que respondieron que eso (la carretera) es de Los Zetas... y este (camino) es de otro cártel y si pasamos por allá, nos matan”. Las cosas no terminaron ahí. De regreso a la comunidad de Sásabe, varios de los vehículos en que viajaban los integrantes de la comisión se quedaron sin gasolina, literalmente a medio camino. Alejandro Solalinde recuerda: “Eran puros chavos los que manejaban los vehículos. En la noche se nos acabó la gasolina. Nos quedamos viendo la vía láctea; no había nada, los celulares no funcionaban, pero esos chavos hablaron por radio o no sé de qué forma, pero a los 20 minutos teníamos unas súper camionetas con gasolina, de ellos mismos. Les pusieron gasolina y seguimos, como si nada hubiera pasado”. Esta experiencia, ocurrida este año, hace que el responsable de la Casa del Migrante en Oaxaca concluya que todo está controlado por los cárteles. Menciona que en esa ocasión muy cerca de ellos estaba el Ejército, “pero es pura pantalla porque ellos no mandaban ahí”. Juan José Arreola corresponsal, El Universal, 9 de septiembre.