Usan más militares como policías: CIDE

Desde 2006 se ha incrementado 68% el uso de elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, desde 30 mil elementos hasta los 51 mil que se calcula estarán desplegados a fines de este año, de acuerdo con una investigación auspiciada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El texto Superar la impunidad. Hacia una estrategia para el acceso a la justicia en México, coordinado por Mariclaire Acosta, afirma que además “en 14 de las 32 entidades federativas de la República, los titulares de la dependencia encargada de la seguridad pública es un militar, mientras que en seis entidades los encargados de las instituciones policiacas locales son militares, sin contar la presencia de militares al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en 25 estados”. Destaca que 36% de los directores de seguridad pública de los 50 municipios con más homicidios en el país tienen mandos militares y que la seguridad pública en los cinco municipios que registran más homicidios —Acapulco, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana— tienen como titular a un militar en retiro, sin que esto repercuta directamente en la disminución de las ejecuciones registradas en esos lugares. Instituciones diferentes Establece que en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del 31 de diciembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió a los estados miembros de la OEA sobre la creciente participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y alarma que “es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”. En la investigación se afirma que las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un mil por ciento entre 2006 y 2009; 33% de las quejas recibidas en México durante 2010 fueron contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además, dice que otro indicador preocupante en este sentido es que de los 10 estados más afectados por la violencia del narcotráfico en la primera mitad de 2010, la mayoría tiene índices de desarrollo humano superiores al del país en su conjunto. “Más aún, casi todos cuentan con un número considerable de oficiales de policía por población —similar al de Estados Unidos—, lo cual indica que el problema no es la ausencia de control territorial por parte del Estado, como se argumenta en círculos oficiales, sino el secuestro de las instituciones policiales y judiciales por parte del crimen organizado, sea a través de la corrupción o la coerción”, establece. Y agrega que resulta preciso entender el grado de penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado, factor que hace que muchas de las estrategias que pudieran estar funcionando en otras partes del mundo no funcionen en México De acuerdo con el reporte, México padece una seria debilidad institucional, especialmente en materia de rendición de cuentas y mecanismos de control del poder, lo cual incentiva la corrupción y una cultura de incumplimiento de las leyes existentes. Agrega que entre las instituciones más afectadas por la fragmentación del poder y la falta de coordinación entre instancias de gobierno se encuentran las de seguridad y justicia. Sostiene el reporte que la estrategia del gobierno federal para enfrentar a la delincuencia organizada, se ha traducido en un incremento en los índices de violencia y de inseguridad en el país a niveles imprevistos. De acuerdo con el documento auspiciado por el CIDE, las instituciones de justicia penal mexicanas “castigan una fracción ínfima de los delitos que se cometen, persiguen delitos menores pero no los más importantes, sancionan la pobreza, ofenden los derechos de las víctimas y de los imputados por igual, y no logran esclarecer la verdad ni resolver el conflicto social”. Refiere que la lucha contra la inseguridad en México “es un espacio de desacuerdo y disputa cívica, jurídica, intelectual y política”, y analiza las deficiencias de las políticas públicas impulsadas por el actual gobierno para el combate a la delincuencia organizada, basadas en el uso de la fuerza. “Este estado de cosas, aunado al colapso del sistema de justicia penal, ha incrementado la impunidad de los delitos graves como el homicidio y el secuestro, por ende, la exasperación y el temor de la población, sin que se vislumbren todavía muchas alternativas viables”, asegura. De acuerdo con la investigación, existen varias razones de carácter estructural que inciden en la situación de impunidad crónica que vive el país. Entre éstas, la investigación destaca “la pesada herencia autoritaria en el sistema político, sobre todo en el régimen de poder, el cual, pese al advenimiento de la competencia electoral, dista mucho de ser democrático”. Considera que ese déficit democrático, sumado a la desigualdad socioeconómica y territorial que nos caracteriza al país,” obstaculiza el desarrollo, y deviene en exclusión y falta de oportunidades para vastos sectores de la población, especialmente los jóvenes”. Este grupo, debido al bajo crecimiento económico del país en su conjunto, no logra ingresar al mercado laboral, pasando a formar parte de la economía informal y, en muchas ocasiones, del ejército de reserva de la delincuencia, especialmente la delincuencia organizada. “El lastre autoritario es una causa principal de la inexistencia de un Estado democrático de derecho basado en el imperio de la ley, en donde todos sean iguales ante ésta y ésta sea igual para todos”, asegura la investigación. María de la Luz González, El Universal, 17 de septiembre.