Mandan a consulta la reelección legislativa

Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dejaron fuera de la reforma política la reelección legislativa consecutiva y las propuestas panistas de otorgar atribuciones al Presidente de la República para el veto y reconducción presupuestal. Al aprobar en lo general y en lo particular el dictamen, fueron rechazados esos tres temas que había avalado el Senado. Los diputados aprobaron las candidaturas independientes y quedaron igual que en la minuta del Senado, que las remite a una legislación secundaria. Además, se rechazó una propuesta para garantizarles en la Constitución acceso a financiamiento público y tiempos de radio y televisión del Estado. Los diputados discutieron durante 16 horas y concluyeron la madrugada de ayer con un dictamen que deberá pasar al pleno en una fecha no precisada. Entre los temas ratificados de la minuta del Senado están la iniciativa ciudadana y la iniciativa preferente, para que el Presidente pueda enviar cada periodo de sesiones al menos dos iniciativas cuya discusión tenga prioridad. También se avaló la reforma para que el Senado ratifique a los titulares de órganos regulatorios y las disposiciones sobre la sustitución del Presidente de la República y su posible toma de protesta ante la Corte, si no es posible realizarla en el Congreso. Reelección y consulta La discusión más prolongada se produjo en torno de la reelección, pues los diputados priistas, con sus aliados del Partido Verde y Panal, lograron que la reelección legislativa consecutiva para diputados federales y locales, así como alcaldes, fuera rechazada por mayoría. Las figuras de consulta popular e iniciativa ciudadana fueron aprobadas, aunque los diputados redujeron los requisitos para que puedan promoverse. En el caso de la consulta popular, podrán ser convocadas por el Congreso a petición del Presidente de la República o 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras. En cuanto a los ciudadanos, se aprobó que 1 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores podrá solicitar una consulta popular; los senadores habían aprobado que fuera 2 por ciento de la lista. Senadores y diputados coincidieron en condicionar las consultas populares a que no hagan referencia a temas relacionados con los derechos humanos, materia electoral, seguridad nacional, ingresos y gastos del Estado, entre otros. Los diputados aprobaron por mayoría cambiar el apartado que señalaba que la consulta popular se realizaría el mismo día de la jornada electoral (cada tres años), y en su lugar avalaron que pudiera ser una por año, pero sin coincidir con el proceso electoral. Guadalupe Irízar y Claudia Salazar, Reforma, 14 de octubre.