Ordena el GDF a los aspirantes bajar propaganda en la capital

La Secretaría de Gobierno del DF lanzó ayer un “ultimátum” a todos los “suspirantes” a cargos de representación popular, para que en un plazo no mayor de tres días retiren toda propaganda que en forma por demás irregular y adelantándose a los tiempos electorales, colocaron en la ciudad. Así lo difundió el titular de dicha secretaría, José Ángel Ávila Pérez, a través de la Gaceta Oficial del DF, en cuya circular reconoce que dicha determinación fue por mandato del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), con base en el artículo 134, párrafos VII, VIII y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la circular SG/02/2011, publicada en la página 3 de la Gaceta, el funcionario recordó principalmente servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Legislativo (solamente, dado que del Judicial no se ha detectado algún “suspirante), que retiren la propaganda de calles y avenidas en el periodo establecido. El IEDF emitió el ordenamiento ante las múltiples quejas ciudadanas, debido a que desde hace meses han sido colocados espectaculares con el nombre de Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF; Laura Velázquez, secretaria de Desarrollo Económico; Martí Batres, ex secretario de Desarrollo Social; y Mario Delgado, secretario de Educación, entre muchos otros. El mandato de la Secretearía de Gobierno señala que se retirará toda la propaganda colocada en espacios públicos, porque demuestran actos anticipados de precampaña y campaña, para los procesos electorales de la Ciudad de México que se escenificarán el próximo año. Además, precisó la circular que serán retirados los letreros que vayan en contra de lo establecido por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del DF, o del reglamento que regula el uso de recursos públicos, propaganda institucional y gubernamental. El documento apunta que la única excepción para no quitar la propaganda, es que ésta corresponda a los informes anuales de labores o gestión de los servidores públicos, los cuales no serán considerados propaganda institucional o gubernamental, siempre que su difusión se limite a una vez al año. Además, los anuncios relativos a los informes deben de colocarse en el ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público, y no deben exceder siete días anteriores al acto y cinco días posteriores. Recordó Ávila Pérez que el citado artículo constitucional, establece que “los servidores públicos tienen la obligación de utilizar con absoluta imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, evitando influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, lo cual, sin duda, no han respetado los “suspirantes” que alevosamente comenzaron a tapizar la capital con su foto y mensajes políticos. Héctor Cruz López, La Crónica, 11 de octubre.