Piden ONU y la OEA legitimar libertad de expresión

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) urgieron al Estado mexicano a legitimar el ejercicio de la libertad de expresión y reconocer en la prensa crítica una aliada en la búsqueda de seguridad pública, y no verla como partidaria de los criminales. Al presentar de manera conjunta desde Washington las conclusiones del Informe de Misión de las Relatorías de la ONU y la CIDH sobre libertad de expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, coincidieron en que el reconocimiento a la libertad de expresión, como una de las herramientas de combate a la impunidad, deberá traducirse en prevención, protección y procuración de justicia a periodistas. "Es urgente un discurso que legitime el ejercicio de la libertad de expresión. Es muy importante que en el rescate por la seguridad, las fuerzas encargadas de adelantar ese rescate no se confundan y no adquieran la lógica de amigo-enemigo, en la cual un periodista o medio que los critica, que habla del abuso de la fuerza o de corrupción, inmediatamente sea identificado con el enemigo. "Es fundamental entender que esa prensa crítica es esencial para el rescate por la seguridad. Por eso, consideramos de la mayor importancia un discurso de las más altas autoridades que legitime la libertad de expresión", dijo la relatora, en un tono firme. Luego de reconocer la iniciativa del Ejecutivo para federalizar delitos contra periodistas, los relatores lamentaron que a casi un año de que el Gobierno federal firmó el Convenio de Coordinación para la Implementación de las Acciones de Prevención y Protección, éste no haya arrancado. "Creemos que es urgente y necesario poner en práctica un mecanismo nacional de emergencia que sea bilateral de periodistas y representantes del más alto nivel del Estado, con presupuesto propio para ejercer su mandato y rescatar a las y los periodistas de persecución. Esto es un llamado urgente", dijo por su parte Frank La Rue. En el informe se detallan los puntos para una protección efectiva: la realización de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre las condiciones que viven los periodistas, dónde los agreden, quiénes y por qué. El aumento de recursos económicos y humanos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), la federalización de los delitos contra periodistas, la elaboración de protocolos especializados de investigación así como un programa de protección a víctimas y testigos. En las conclusiones advirtieron sobre otros retos: el reconocimiento de agresiones no sólo por parte de criminales sino de funcionarios, la eliminación de los monopolios, así como el reconocimiento y no criminalización de las radios comunitarias. Los organismos reiteraron en su informe que México ocupa el primer lugar en América Latina en peligrosidad para ejercer la profesión de periodismo y el quinto a nivel mundial. Desde el 2000, al menos 70 periodistas han sido asesinados, 13 de ellos sólo en el 2011. Daniela Rea, Reforma, 25 de octubre.