Aprueban federalizar delitos contra periodistas

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 73 de la Constitución para que las indagatorias de los delitos cometidos contra periodistas, personas vinculadas a la labor de informar o instalaciones de medios informativos, puedan ser atraídas por instancias federales. La reforma recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios con 362 votos y dos abstenciones y fue turnada al Senado de la República. Sin embargo, se estableció que una vez que las enmiendas entren en vigor --para lo cual deberán ser aprobadas por la mayoría de los congresos estatales-- las leyes secundarias en la materia deberán expedirse en un máximo de seis meses para que la federalización de los delitos contra periodistas sea aplicable. Aunque en principio se planteaba federalizar sólo delitos cometidos contra periodistas, legisladores de PAN, PRI, PRD y PT propusieron incluir los que afecten a otras personas que realicen labores de información y los atentados a las instalaciones de los medios de comunicación. Así, el texto aprobado anota que "las autoridades federales podrán conocer también de los delitos de fuero común cuando éstos tengan conexión con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta". El diputado del PRD, Nazario Norberto Sánchez, explicó, al fundamentar el dictamen, que si bien todos los sectores del país son víctimas de la violencia, las agresiones a los periodistas y comunicadores impactan a toda la sociedad. Esto ocurre porque cuando se ataca a un informador "se priva a la sociedad en general de su derecho a estar informada y desalienta la denuncia provocando la impunidad". Por eso, el asesinato y rapto de periodistas y comunicadores "es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión". "La carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera en la relación con los asesinatos de periodistas y motivados por su labor periodística pueden tener el efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, la cual restringe la libertad de expresión", expuso. En el debate, el diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), presidente de la Comisión de Justicia, indicó que legislar en la materia se hace necesario pues se ha visto "la incapacidad de las autoridades para proteger la labor del periodismo y de los periodistas". Hoy tenemos, dijo, más de 100 periodistas privados de la libertad en México."Es un momento de emergencia (...) tenemos que responder federalizando los delitos cometidos en agravio de los periodistas". Y es que el legislador del PRD, Agustín Guerrero Castillo, advirtió que en la materia persiste la impunidad. Recordó que el 5 de julio de 2010 se creó una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, pero "desde su creación no ha logrado la sanción penal de un solo responsable y ha sido evidente su tendencia de declinar su competencia hacia las autoridades locales". Incluso en el quinto Informe de Gobierno se reconoció -expuso Guerrero-- que de septiembre de 2010 a junio de 2011 de las 92 averiguaciones previas iniciadas "únicamente determinó el ejercicio de la acción penal en 15 casos, de los cuales 13 fueron sin detenido y únicamente 2 con detenido. Los escasos resultados de esta fiscalía son atribuibles, según el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión". Por el PAN el diputado Justino Arriaga advirtió que el crimen organizado ha atentado "contra la vida de quienes en ejercicio de su libertad de expresión opinan en contra de los intereses de las bandas delictivas" y no se puede permitir que esos grupos delictivos amordacen a los mexicanos. "Jamás podemos permitir que nuestro país pierda la posibilidad de hablar, de opinar, de informar o ser informado, nuestro país nunca puede vivir bajo ése régimen. A propuesta del diputado del PT, Pedro Vázquez, se redujo de un año a seis meses el plazo para que el Congreso de la Unión realice las reformas a las leyes secundarias, pues será hasta que éstas entre en vigor cuando las autoridades federales podrán ejercer la facultad de atracción de las investigaciones. El también diputado del PT, Jaime Cárdenas estableció que con la reforma no solamente se fortalecieron las atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en la materia, sino también las de la Procuraduría General de la República y de los jueces federales. Carina García, Reforma, 12 de noviembre.