Aquí “no hay voluntad política” para la creación de bases de datos eficientes

El método ideal para localizar a un buen número de los miles de centroamericanos que parecen haberse desvanecido en su paso por México no es tan complicado, según lo explica Lidia Silva de Souza, religiosa brasileña que trabaja en la Pastoral de la Movilidad Humana de Honduras. “Al menos dos bases de datos son indispensables: una, con información de todos los estados de México. Los servicios forenses deben registrar los cuerpos de personas no identificadas conforme a un protocolo único, aceptado internacionalmente. La Cruz Roja lo entregó al Congreso. Otra debe estar integrada con los registros de nombres, fotografías y muestras de ADN de las familias que buscan a desaparecidos. Al principio serían bases nacionales, luego internacionales. “Si los datos de una y otra base se cruzan, podremos encontrar a mucha gente. No es fácil, pero tampoco es imposible. Lo que no hay es voluntad política para hacerlo”. Por ello, las tareas para contar con un banco de datos que arroje cifras sólidas sobre los centroamericanos desaparecidos en México avanza muy lentamente. “Sabemos, a partir de entrevistas en los albergues a lo largo de las rutas, que entre 70 y el 80 por ciento de las víctimas de secuestros, accidentes de tren y asesinatos son hondureños. Tenemos información de cerca de mil desaparecidos. Sin embargo, con datos confirmados, apenas tenemos 300 casos bien documentados”. En algo sí han avanzado: “Con el apoyo del equipo forense argentino estamos haciendo las muestras de ADN. Ellos han desarrollado una técnica eficaz y barata. Por eso nos sorprende que en México, donde hay tantos desaparecidos, no exista esa base de datos. ¡Y que no nos digan que es cara, si en Honduras la podemos hacer!” Fue justamente en una reunión con madres de desaparecidos mexicanos en Saltillo, hace algunos días, cuando estas mujeres pudieron ver el mapa de sus carencias y sus posibilidades: “Nos reunimos como con 10 madres mexicanas que buscan a sus hijos. A ellas no sólo no las apoyan las autoridades, sino que las amenazan.” Lidia Silva habla de la distancia que existe “entre las palabras bonitas que están en un papel” y la realidad. Las “palabras bonitas” están en la nueva Ley de Migración mexicana, que contempla incluso la emisión de un documento de viaje para garantizar la seguridad del migrante, o en los protocolos bilaterales –siempre incumplidos– para la deportación de discapacitados y niños. La realidad es que quien cruza México por sus rutas plagadas de retenes ilegales se encuentra sólo frente al crimen organizado y la corrupción oficial. Repite: “Lo ideal para evitar estas tragedias no es tan difícil. Sí solo hubiera voluntad política... pero no la hay”. Blanche Petrich, La Jornada, 9 de noviembre.