El presidente electo podrá rendir protesta ante la Corte

La Cámara de Diputados aprobó agregar dos párrafos al artículo 87 de la Constitución para que si por cualquier circunstancia el presidente electo no puede rendir protesta de su cargo ante el Congreso de la Unión, lo haga de inmediato ante la mesa directiva de ambas cámaras, y en caso de que no pueda ser así, ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Anoche, el pleno camaral terminó la discusión de los artículos reservados, que serán votados en la sesión convocada para este viernes, que el PRI anticipa difícil si PAN y PRD solicitan que se haga uno por uno, con objeto de determinar si se mantienen en los términos definidos en el dictamen, debido a que por tratarse de una reforma constitucional requiere del aval de las dos terceras parte de los diputados presentes. En la cuarta sesión para discutir el dictamen de reforma constitucional en materia política, los diputados continuaron con el tono ríspido en el debate, al que abonó Emilio Chuayffet (PRI), quien dejó de lado su investidura de presidente de la Cámara para responder desde la tribuna a la definición de parcial y errático que le había hecho Javier Corral (PAN). ¡Es de un hartazgo insoportable que una persona se dedique a insultar llamándome autoritario y parcial!, exclamó. Ante el azoro de sus propios correligionarios, Chuayffet afirmó que el panista sirve al blanquiazul sólo para la camorra y, descompuesto, siguió: ¡No es más que un chicanero del trámite, que le falta talento y lo sustituye con impostura de voz y mímica aprendida en la Academia Andrés Soler! ¡Ni modo, señor Corral, no le queda más destino que el que su propio nombre le impuso: ser un corral y nada más! Esa postura le permitió al panista hablar del doble papel, que es su doble moral, de Chuayffet, porque bajó a la tribuna sólo a responderle, pero luego ocupó otra vez la presidencia de la mesa directiva para eludir y no responder. Corral acotó que no lo había llamado autoritario, pero eludió la definición de errático, que atribuyó a las crónicas parlamentarias y a las columnas. De lo que lo he acusado, y que por cierto le costó la Secretaría de Gobernación en 1997, es por su intento golpista al Legislativo. Durante la sesión, el pleno rechazó la propuesta del PAN de que los alcaldes y diputados locales pudieran relegirse inmediatamente hasta por dos periodos consecutivos. Asimismo, a pesar de las críticas de panistas y perredistas, se aprobó un cuarto transitorio para que la primera consulta popular sea en 2012, para preguntar si se quiere o no la relección consecutiva de diputados federales y senadores. También, en una negociación con PRD y PAN, el PRI aceptó eliminar la cláusula de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y homologó el límite establecido para que un partido que gane la mayoría de los 40 distritos locales pueda tener más de 8 por ciento de diputados plurinominales. El dictamen incrementaba de 30 a 40 por ciento el umbral de votación para que un partido tuviera garantizada la mayoría absoluta en la asamblea, lo que abrió una agria discusión. Tanto, que en la tribuna el diputado Avelino Méndez –que arrastraba las palabras– gritó: ¡Y todo por un pinche diez por ciento! Este jueves, la Cámara cerró el capítulo de reservas vinculadas al Presidente de la República, al definir que en caso de una crisis política que no permita la toma de protesta ante el pleno del Congreso, el Ejecutivo lo haga ante las mesas directivas de las dos cámaras, o en caso extremo ante el ministro titular de la Corte. El dictamen de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales preveía incluir un segundo párrafo al citado artículo, para que si el Presidente no podía tomar protesta ante el pleno del Congreso, lo hiciera de inmediato ante la Corte. José Luis Jaime (PRD) propuso que antes de ese párrafo se agregara otro para que la protesta se haga ante los integrantes de las mesas directivas. Jaime Cárdenas y Laura Itzel Castillo, del PT, objetaron que la toma de protesta alterna vacía de contenido los fines del artículo 87, pero el PRD argumentó que los funcionarios públicos, comenzando por el Presidente, no pueden ejercer su cargo sin la protesta constitucional de rigor. Hasta ahora, como ocurrió en 2006, PRD y PT nos hemos opuesto a una toma de protesta. ¿Pero si ganamos en 2012? ¿Y si en ese escenario el PAN o el PRI no reconocen un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador o de Marcelo Ebrard Casaubon? Por eso era necesario esta salida, explicó Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, 4 de noviembre.