La Corte valida el “apagón analógico”; cuatro ministros dicen que Calderón no se excedió en sus atribuciones

Pese al riesgo alertado por la mayoría de los ministros de vulnerar la autonomía de los órganos reguladores del Estado, el decreto presidencial para adelantar el apagón analógico se mantiene vigente, luego de que en la Suprema Corte no se consiguieron los votos suficientes para anularlo. Después de que en la sesión del lunes se decidiera que el decreto era una norma general y se requerían ocho votos para cancelarlo, ayer la votación final fue de 7-4, con un voto inesperado del ministro presidente Juan Silva Meza, quien de manera histórica había respaldado la independencia de todas las instancias de gobierno y el equilibrio de poderes, pero ayer resolvió que el Presidente sí puede invadir la materia de radio y televisión, lo que en teoría estaba reservado para la Cofetel. Así, las disposiciones emitidas por Calderón durante su cuarto informe de gobierno y publicadas en el Diario Oficial el 2 de septiembre del 2010 entraron de nuevo en vigor, luego de que la ministra Olga Sánchez Cordero, al admitir en octubre de ese año controversias constitucionales interpuestas por las Cámaras de Senadores y Diputados, había decretado su suspensión indefinida. Calderón ordenó crear una Comisión Intersecretarial para adelantar el llamado apagón del 2021 al 2015, destinar un presupuesto para la compra de decodificadores, repartirlos de manera gratuita entre la población con televisores analógicos y procesar licitaciones para la asignación del espectro radioeléctrico liberado con esta medida. “El asunto excede con mucho el tema del apagón, lo que implica es poner en juego la autonomía de los órganos reguladores del Estado, con una decisión que valide el decreto ésta desaparece de facto no sólo para la Cofetel, es muy grave… Los órganos se pueden equivocar y hay recursos, pero no podemos vaciarlos de contenido”, advirtió el ministro Arturo Zaldívar. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar señaló: “Hay compromisos internacionales que requieren que los órganos reguladores tengan una independencia de los factores políticos para fijar políticas de Estado y no de gobierno, para fijar políticas de Estado y no partidistas”. Y hasta el conservador Jorge Mario Pardo Rebolledo apuntó: “Sostener que el Ejecutivo conserva de primera mano las facultades de radio y TV sería tanto como poner en incertidumbre las facultades de la Cofetel y así el Ejecutivo podrá cuestionar cualquiera de sus resoluciones y desatenderlas”. Parecía que el proyecto de Sánchez Cordero había superado los obstáculos de los ministros más tradicionalistas. Antes del receso, se perfilaba la declaración de inconstitucionalidad del decreto, con el respaldo, además de la ponente, de José Ramón Cossío, Aguilar, Pardo, Zaldívar, Fernando Franco —con cierta confusión— y hasta de Margarita Luna, y el rechazo sólo de tres: Sergio Valls, Guillermo Ortiz y Sergio Aguirre. Pero llegó el turno de Silva Meza, quien pese a haber escuchado que los ministros que se oponían a validar el decreto no estaban en contra del desarrollo tecnológico, ni de la televisión digital ni sus beneficios sociales, sino sólo en contra de la intervención presidencial en materias exclusivas de la Cofetel, evadió el fondo del asunto y argumentó: “La digitalización televisiva no sólo implica una dimensión técnica, abarca cuestiones económicas, sociales, culturales, políticas y de seguridad nacional que exigen la operación de todo el sistema establecido conforme a la rectoría económica del Estado, cuya conducción corresponde al Ejecutivo federal" Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 16 de noviembre.