Luego de que un juez no aceptara un amparo promovido por Israel Arzate Meléndez, acusado del homicidio, en febrero de 2010, de 15 personas en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, en el que se dan pruebas de que fue torturado para confesar, Amnistía Internacional expresó su preocupación por esta práctica.
“Las normas internacionales de derechos humanos son claras, en cualquier juicio justo las pruebas, incluidas las confesiones del acusado, que se hayan obtenido mediante tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, no deben admitirse en ningún procedimiento salvo en los encausados contra los presuntos perpetradores de la tortura”, enfatizó AI.
En ese sentido, señaló que la falta de voluntad plena para investigar y esclarecer debidamente alegaciones de tortura daña gravemente los procesos judiciales.
Y es que el Juez Noveno de Distrito en Chihuahua se negó a admitir en el amparo promovido por Arzate Meléndez, en contra de su vinculación a proceso por homicidio, pruebas de que éste fue torturado para confesar.
En base a la confesión, Israel Arzate fue acusado del homicidio de 15 personas en Villas de Salvárcar.
El pasado 6 de diciembre, sus defensores fueron informados que no fue admitida como prueba la evidencia recabada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que demuestra que la confesión fue bajo tortura.
En la Recomendación 49/2011, emitida por la CNDH, se concluyó que Israel había sido incomunicado y torturado por elementos del Ejército Mexicano, antes de ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público.
Y es que una grabación de video muestra que la confesión de Arzate Meléndez fue en una base militar el 5 de febrero de 2010, además se pudo evidenciar que el inculpado fue sacado en dos ocasiones de la prisión estatal, 9 de febrero y 17 de marzo, para continuar con el interrogatorio y sacar la confesión mediante golpes, descargas eléctricas y asfixia.
La negativa de admitir como prueba la evidencia de tortura, enfatizó Amnistía Internacional, pone en entredicho la obligación de las autoridades judiciales de garantizar un juicio justo al acusado, asegurar que cualquier resolución esté bien fundada y los verdaderos perpetradores sean los llevados ante la justicia.
Recordó que los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional pleno desde julio de este año y todas las autoridades mexicanas están obligadas a acatarlos.
“Las normas internacionales de derechos humanos son claras, en cualquier juicio justo las pruebas, incluidas las confesiones del acusado, que se hayan obtenido mediante tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, no deben admitirse en ningún procedimiento salvo en los encausados contra los presuntos perpetradores de la tortura”, enfatizó AI.
En ese sentido, señaló que la falta de voluntad plena para investigar y esclarecer debidamente alegaciones de tortura daña gravemente los procesos judiciales.
Y es que el Juez Noveno de Distrito en Chihuahua se negó a admitir en el amparo promovido por Arzate Meléndez, en contra de su vinculación a proceso por homicidio, pruebas de que éste fue torturado para confesar.
En base a la confesión, Israel Arzate fue acusado del homicidio de 15 personas en Villas de Salvárcar.
El pasado 6 de diciembre, sus defensores fueron informados que no fue admitida como prueba la evidencia recabada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que demuestra que la confesión fue bajo tortura.
En la Recomendación 49/2011, emitida por la CNDH, se concluyó que Israel había sido incomunicado y torturado por elementos del Ejército Mexicano, antes de ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público.
Y es que una grabación de video muestra que la confesión de Arzate Meléndez fue en una base militar el 5 de febrero de 2010, además se pudo evidenciar que el inculpado fue sacado en dos ocasiones de la prisión estatal, 9 de febrero y 17 de marzo, para continuar con el interrogatorio y sacar la confesión mediante golpes, descargas eléctricas y asfixia.
La negativa de admitir como prueba la evidencia de tortura, enfatizó Amnistía Internacional, pone en entredicho la obligación de las autoridades judiciales de garantizar un juicio justo al acusado, asegurar que cualquier resolución esté bien fundada y los verdaderos perpetradores sean los llevados ante la justicia.
Recordó que los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional pleno desde julio de este año y todas las autoridades mexicanas están obligadas a acatarlos.
Dennis A. García, La Crónica, 10 de diciembre.
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