Reconoce Estado culpabilidad en caso de ataque sexual contra Valentina Rosendo

El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Poiré Romero, encabezó ayer la ceremonia de reconocimiento de culpabilidad del Estado mexicano por el ataque sexual sufrido en 2002 a manos de efectivos del Ejército mexicano por la indígena meph’aa Valentina Rosendo Cantú, lo que le significó una sentencia en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ante un auditorio repleto, en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, el encargado de dirigir la política interna del país le dio cumplimiento a uno de los puntos de la citada resolución –que se le dio a conocer al gobierno mexicano desde el 1º de octubre de 2010–, en donde se obliga a las autoridades a admitir su responsabilidad en la falta de atención de la víctima, y ofrecerle una disculpa públicamente.

Esta es la primera ocasión en que un titular de la SG acudió a una ceremonia de esta naturaleza, ya que en la del caso del luchador social Rosendo Radilla –desaparecido por el Ejército en agosto de 1974–, el pasado 17 de noviembre, asistió el entonces subsecretario de Gobernación Juan Marcos Gutiérrez, en sustitución de José Francisco Blake, y la canciller Patricia Espinosa.

En el caso del denominado Campo Algodonero –relacionado con el asesinato en 2001 de ocho mujeres en Ciudad Juárez, cuya muerte no fue debidamente investigada por las autoridades–, al acto no asistieron el presidente Felipe Calderón, Blake, el gobernador chihuahuense César Duarte, ni el edil Héctor Murguía, por lo que los familiares de las víctimas, a manera de protesta, optaron por no acudir.

Una disculpa que tardó 10 años en llegar

Poco después de las 11 horas, Rosendo, su familia y los defensores de derechos humanos que la acompañaron subieron al estrado del auditorio, donde fueron recibidos con un aplauso largo y caluroso, que contrastó con la tibieza apenas audible de los que le dedicaron a Poiré.

El funcionario –quien advirtió previamente a los medios de comunicación que no daría más declaraciones–, reconoció a nombre de las autoridades federales la responsabilidad internacional por la violación de las garantías individuales de la indígena, quien fue agredida sexualmente por soldados, igual que Inés Fernández Ortega, ambas originarias de la zona de la Montaña de Guerrero.

Las autoridades nacionales, admitió, violaron los derechos de Rosendo Cantú a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y el acceso a la justicia, consagrados en diversos tratados internacionales firmados y ratificados por México.

A usted, Valentina, a su hija, les extiendo la más sincera disculpa por los hechos ocurridos. [...] Hace casi una década el Estado mexicano no la protegió, y hoy lo reconoce públicamente. Deseamos que este acto simbólico se traduzca en una mínima expresión de justicia. Una vez más, una disculpa, manifestó Poiré, quien no dejó pasar la oportunidad para afirmar que los actos de abuso del Ejército y las policías son excepcionales.

Rosendo, por su parte, hizo un recuento de los casi 10 años que tuvo que luchar para acceder a la justicia, a pesar de los malos tratos de las diversas instituciones del gobierno mexicano, en un proceso en el que sufrió el rechazo y el abandono de su esposo y su comunidad, que se volvió un lugar sin salida.

Su experiencia, dijo, puede servir para que otras mujeres agredidas superen el miedo, la vergüenza o incluso el hecho de no saber hablar español, y denuncien a sus atacantes.

Sigo luchando como mujer y él (su esposo) nunca lo valoró. Se fue cobardemente, pero sigo con la frente en alto, saqué a mi hija adelante, y estoy orgullosa de mí, de ser quien soy, dijo la indígena en medio de un fuerte aplauso que le brindaron todos los presentes de pie, mientras era abrazada por su hija Yenis y sus padres.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –una de las organizaciones que asumieron la defensa de Rosendo Cantú–, puso de relieve la búsqueda de justicia de la mujer, y la inquebrantable dignidadde la que hizo gala hasta demostrar la culpabilidad del Estado mexicano.

“Hace 10 años empezaste a buscar justicia para sobrevivir a un acto aberrante, que nunca debió haber ocurrido. Alzar la voz contra los abusos militares no ha sido sencillo. Tu palabra fue puesta siempre en entredicho, te llamaron ‘mujer mentirosa’, y siempre corriste peligro. Hoy, ante tí, los más altos funcionarios del Estado mexicano reconocen que siempre hablaste con la verdad”, resaltó el activista, quien urgió a encontrar y castigar a los responsables materiales de la agresión.

En el acto estuvieron presentes también la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales; la directora de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, Sara Irene Herrerías; el secretario general de gobierno de Guerrero, Humberto Salgado, y el alcalde de Acatepec, Federico Cantú.

Fernando Camacho Servín, La Jornada, 16 de diciembre.