Denuncian violación de garantías de guatemaltecos desalojados en Tenosique

Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron presuntas violaciones a las garantías individuales de migrantes guatemaltecos refugiados en Tenosique desde agosto y quienes fueron violentamente desalojados la víspera.

En un llamamiento de acción urgente para exigir que se respete la integridad física de los guatemaltecos, varias asociaciones denunciaron que durante el operativo policiaco se detuvo a niños para obligar a los padres a proceder como querían los policías.

La denuncia fue firmada por el Centro de Derechos Humanos Usumacinta, el Equipo Indignación y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El documento que también signa la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” refiere la detención de al menos dos ciudadanos guatemaltecos, presuntamente conducidos a Tenosique, y un ciudadano español.

Las organizaciones señalan que los extranjeros fueron

desalojados con lujo de violencia al amanecer del lunes 9 de enero del campamento en Tenosique, Tabasco, a donde llegaron el 23 de agosto del año pasado.

En esa fecha, los guatemaltecos fueron expulsados de forma violenta  de la comunidad Nueva Esperanza, en Guatemala, a donde supuestamente no podían volver porque sus vidas corrían peligro.

El operativo fue encabezado “por una persona que se ostentó como subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración” e incluyó supuestos elementos federales, municipales y otros vestidos de civil, así como agentes del Ministerio Público de la Federación.

“Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidas rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas”, indicaron las organizaciones.

De hecho, el 19 de diciembre del año pasado autoridades mexicanas intentaron convencer a los extranjeros de regresar a su país, pero ellos pidieron esperar las negociaciones con sus autoridades para una posible reubicación antes de tomar ese paso.

El 4 de enero de este año, en una reunión entre autoridades y organizaciones encabezadas por Fray Tomás González Castillo, director del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, las autoridades mexicanas acordaron esperar.


La Crónica, 11 de enero.