La judicialización del proceso electoral, producto de la ambigüedad legal: partidos


El creciente número de quejas presentadas por los partidos ante autoridades es producto de la ambigüedad en la legislación electoral, afirmó el Partido Acción Nacional (PAN). El Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que hay normas comiciales complejas sustentadas en la desconfianza, y advirtió que no admitirá la injerencia del presidente Felipe Calderón en el actual proceso.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que con la presentación de esos recursos se busca mayor equidad en la elección, ante acciones gubernamentales tendientes a aprovechar las inconsistencias legales.
Camerino Márquez, representante perredista ante el Instituto Federal Electoral (IFE), aseguró que la denominada judicialización de los comicios tiene como origen una legislación no aplicada en comicios presidenciales, la cual se encuentra incompleta. Por añadidura, apuntó, su aplicación se basa en criterios no siempre consistentes de la autoridad.
Aún no se han iniciado las campañas y el PRI ya interpuso quejas que tienen por objetivo a Calderón y, de forma tangencial, a los precandidatos presidenciales panistas.
Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el IFE, subrayó que una prioridad de su partido es que el Presidente no intervenga en las campañas.
Aseveró que Calderón ha sido el primer presidente violador de la Constitución, por intervenir ilegalmente en las elecciones locales de 2010 con promocionales y cadenas nacionales indebidas, en periodo de veda.
No queremos la intromisión de Calderón en el proceso, insistió. Adujo que han sido presentadas numerosas quejas debido a la existencia de un entramado legal complejo basado en la desconfianza, que faculta a los partidos a inconformarse por la vía judicial. Por eso calificó de normallas denuncias que han interpuesto los partidos.
El problema es presentar quejas sin sentido como hace el blanquiazul, que llegó al ridículo, sostuvo, de discutir por la existencia de un logotipo del PRI en los calzoncillos de un boxeador. Lerdo de Tejada señala que el tricolorsólo promueve recursos que realmente implican un agravio jurídico.
Para el representante del PAN ante el IFE, Guillermo Bustamante, el aumento en la presentación de quejas es consecuencia de la reforma electoral, que introdujo los procedimientos especiales sancionadores como vía para que los partidos se inconformen.
Reivindicó el derecho partidario a promover los recursos, porque muchas cosas en la ley no están claras. Dijo estar convencido de que es imperiosa una nueva reforma, que aclare lo que ahora se debe hacer por vía de los criterios de aplicación de las autoridades.
Bustamante afirmó que en algunos casos, el IFE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinan que para sancionar la adquisición ilegal de espacios en medios electrónicos es necesario presentar el contrato, pero luego dicen que no lo es.
En algunos casos, se considera que una entrevista es parte del ejercicio periodístico; en otro, la califican de propaganda, lo que no da certeza a los partidos.
La única forma de tener certeza de criterios es mediante resoluciones, y para ello debe haber quejas que deriven en resoluciones, y aún así no del todo, porque a veces el TEPJF revoca y no son claros sus criterios, aseguró el panista.
Márquez indicó que este cúmulo de quejas es algo a lo que tendremos que irnos acostumbrando, porque forma parte de las estrategias de los partidos y es también una manera de confrontar la incertidumbre jurídica que prevalece. Si hubiera claridad en las reglas del juego, los partidos se someterían a su aplicación, pero en algunos casos la autoridad es inflexible y en otros similares hay permisividad.
El perredista expuso que estudios de instituciones de educación superior indican que la oposición suele ser la más activa en la interposición de recursos legales, vía que considera una forma de equilibrar la contienda.
En cualquier caso, admitió, es necesaria la aprobación de otra reforma electoral que incluya una ley de partidos, porque la actual legislación, es claro, no está acorde plenamente con la realidad comicial.
Alonso Urrutia, La Jornada, 24 de enero.

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