El Instituto Federal Electoral (IFE) y laSecretaría de Gobernación (Segob) oficializaron el convenio para blindar el proceso electoral de este año contra el crimen organizado e instalaron la comisión que dará seguimiento a las acciones que se ejecuten como resultado de dicho instrumento.
El convenio incluye la posibilidad de que, por primera vez, candidatos a cualquier cargo de elección popular a nivel federal (excepto a la Presidencia de la República, pues la ley ya contempla seguridad personal para ellos) puedan solicitar protección a partir del inicio de la campaña.
El IFE, por su parte, se compromete a entregar aGobernación un mapa de las zonas de riesgo en febrero.
“El IFE se compromete a solicitar, a través del presidente del Consejo General, a la Segob que se gestione ante las autoridades federales competentes los medios de seguridad personal para los candidatos a la Presidencia (...), así como para los demás candidatos en su caso”, puntualiza el documento suscrito por ambas instituciones el pasado 15 de diciembre, pero que fue formalizado ayer.
El texto no detalla el tipo de seguridad que se otorgará a los candidatos. Tradicionalmente, los aspirantes a la Presidencia son resguardados por miembros del Estado Mayor Presidencial.
En el caso de los candidatos a diputados y senadores, fuentes del IFE informaron que los convenios que la Segob suscriba con los estados serán el mecanismo para que autoridades federales y locales les brinden seguridad.
En caso de que una solicitud de este tipo llegue al IFE —como ocurrió en 2009 con el panista Carlos Hermosillo, candidato a diputado federal—, el órgano electoral la turnará a la Segob.
Vías para solicitar resguardo
Según el convenio, la Segob “establecerá conductos” que garanticen atención rápida a los candidatos que denuncien riesgos a su integridad.
El texto no incluye disposición alguna para dar seguridad a los precandidatos.
El pasado 15 de diciembre, EL UNIVERSAL publicó que el IFE requerirá al gobierno federal seguridad para los precandidatos presidenciales que así lo soliciten, pero aclara que el otorgamiento de ésta será “discrecional”, porque la normativa electoral no la incluye.
Sin embargo, hay un acuerdo entre ambas instituciones para que si un precandidato presidencial solicita apoyo se le otorgue.
“Si bien no es un fenómeno generalizado, sí se han registrado hecho de inseguridad e injerencia o intentos de injerencia del crimen en algunas elecciones. Debemos dimensionar este fenómeno y acotarlo”, concluyó el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, durante la instalación de la comisión de seguimiento al convenio, integrada por Miguel Ángel Solís, director Ejecutivo de Organización del IFE, y Alberto Cifuentes, titular de la Unidad de Enlace de la Segob.
“Como ya lo dijo el presidente Felipe Calderón, ante la criminalidad y su pretensión de intervenir en el ejercicio de nuestros derechos necesitamos alzar la voz y corresponsabilizarnos, cada quien en su ámbito de atribución, de la buena marcha de nuestros procesos”, dijo Poiré durante el encuentro.
A su vez, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, afirmó: “Si bien es cierto que la inseguridad pública y la violencia son fenómenos que afectan a la sociedad mexicana, las instituciones debemos evitar contaminar las elecciones con el tema de la seguridad pública. En un Estado de derecho cada institución debe hacerse cargo de sus responsabilidades”.
Dejan fuera al Cisen
El eje del convenio IFE-Segob es el intercambio de información para brindar seguridad a candidatos y personal del instituto. De esta tarea estará ajeno el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Sin embargo, el convenio puede ser modificado si las partes involucradas lo consideran conveniente.
Nayeli Cortés, El Universal, 7 de enero.
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