ONG presentan quejas contra INM por desalojo

Organizaciones no gubernamentales presentarán denuncias contra los funcionarios que el 9 de enero participaron en el desalojo de los 237 guatemaltecos que vivían en un campamento en Tenosique, Tabasco, y en la repatriación de 70 de ellos. Aseguran que existieron irregularidades en el proceso y se violaron los derechos humanos de los desplazados.

En conferencia de prensa, Leticia Gutiérrez, secretaria Ejecutiva de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH), informó que ya se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además, se presentaron informes de las irregularidades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Sistema de Naciones Unidas.

Desde el 23 de agosto de 2011, más de 200 guatemaltecos de la comunidad Nueva Esperanza —cuyas casas fueron quemadas por el ejército de su país bajo el argumento de que invadieron un área natural protegida de El Petén—, se instalaron en un campamento improvisado en Tenosique, justo en la línea fronteriza que divide a México y Guatemala.

El 9 de enero, personal de Migración desalojó el campamento y detuvo a 70 guatemaltecos, pese a que el 29 de diciembre a varias de estas familias se les había entregado documentos que avalaban su legal estancia en México. La noche del 11 de enero, el Instituto Nacional de Migración informó en un boletín que los 70 guatemaltecos —45 menores de edad— fueron repatriados voluntariamente e insistió en que la acción se realizó de manera pacífica.

Representantes de las organizaciones no gubernamentales, basados en los testimonios de los guatemaltecos que se escondieron en la montaña, señalan que no fue una “repatriación voluntaria”, sino una deportación en la que se violaron derechos y normas nacionales e internacionales.

El guatemalteco Mayno Randulfo Morales —quien no se encontraba en el campamento en el momento del desalojo— afirmó que fueron engañados por Migración, en especial por el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, quien días antes los visitó. Incluso, a Maynor y a otros 40 guatemaltecos se les entregaron documentos que avalan su estancia legal, y el funcionario “ofreció la regularización de documentos para todas las familias que estábamos ahí”.

Fray Tomás González, del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, informó que los desplazados estaban en negociaciones con el gobierno de Guatemala, el cual se había comprometido a reubicarlos cerca de Tikal. “Esto lo sabía Beltrán del Río. Sabía que los guatemaltecos no tenían condiciones para regresar a su país y, aún así se hizo el operativo”, acusó.

Thelma Gómez y Silvia Otero, El Universal, 13 de enero.