Las organizaciones criminales ejercieron una extraordinaria presión sobre la prensa a medida que extendieron su control sobre virtualmente cada sector de la sociedad. Los periodistas fueron asesinados o desaparecidos, los medios atacados con bombas o amenazados. La autocensura generalizada fue la consecuencia devastadora de este estado de situación. En medio de un vacío informativo, periodistas y ciudadanos utilizaron cada vez más las redes sociales para informar a sus comunidades, asegura el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en su Informe Global “Ataques a la prensa 2012”.
El CPJ sostuvo que ante el escenario de ataques a los periodistas en México tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo mostraron pasividad en la defensa de las garantías de los comunicadores.
“El gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa no logró implementar reformas efectivas. A pesar de las iniciativas para fortalecer la fiscalía especial para crímenes contra la libertad de expresión, la violencia contra la prensa siguió prácticamente impune”.
Agregó que el nuevo programa del gobierno para la protección de periodistas fue considerado en gran medida como “ineficaz”. “En tanto que la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley para federalizar los crímenes contra la prensa, la legislación seguía pendiente”.
En el apartado destinado a México en el Informe Global el comité destacó la amenaza que representa para la seguridad de los periodistas y para la libertad de expresión la presión que ejercen organizaciones criminales.
“La autocensura generalizada fue la consecuencia devastadora de este estado de situación. En medio de un vacío informativo, periodistas y ciudadanos utilizaron cada vez más las redes sociales para informar a sus comunidades. El asesinato de una reportera de Nuevo Laredo fue el primer caso en la historia del CPJ en el cual una persona cayó en represalia directa por su labor periodística en redes sociales. Por lo menos otros tres periodistas recibieron asilo político en Estados Unidos y Canadá, y varios otros buscaron refugio en otros países. Varias importantes organizaciones de medios acordaron un código profesional en el cual estipularon protocolos para periodistas en riesgo y se comprometieron a no convertirse en herramientas de propaganda para criminales”, dice el informe del CPJ.
El comité también realizó una crítica a la labor de la Fiscalía Esepcial para la Prevención de Crímenes contra la Libertad de Expresión que no obtuvo ni una sola condena por los asesinatos de periodistas.
“La Fiscalía Especial para Crímenes contra la Libertad de Expresión fue reestructurada en 2010 y puesta en manos de un nuevo fiscal, Gustavo Salas Chávez [quien ya fue removido la semana pasada], en un esfuerzo por mejorar su ineficacia”.
El Universal, 21 de febrero.
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