Piden a la Corte invalidar “pruebas ilícitas” para liberar a indígena mazahua

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar las “pruebas ilícitas” utilizadas para sentenciar a 37 años de prisión al indígena mazahua Hugo Sánchez Ramírez y decretar su liberación.

En específico, el organismo internacional solicitó a los ministros desechar el valor de las fotografías que policías judiciales tomaron al joven del Estado de México después de su detención arbitraria y que luego fueron mostradas a dos víctimas de secuestro, a quienes se presionó para señalar a Hugo como su plagiario.

Pese a las manipulaciones de los agentes, los chicos que habían sido secuestrados terminaron por admitir que jamás habían visto a Hugo y que no lo recocían como su agresor.

Pese a las irregularidades, fue condenado…

A mediados de octubre, a petición del ministro Arturo Zaldívar, la Primera Sala de la SCJN atrajo dos amparos promovidos por la defensa en contra de las anomalías detectadas en los procesos ministerial y judicial.

A finales de enero de este año se anunció que los ministros ponentes serán Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

La OMCT, organismo internacional defensor de derechos humanos, reprochó que el juez que dictó la sentencia haya concedido un valor determinante al reconocimiento inicial de las fotos “por haberse rendido con inmediatez a los hechos”.

Y señaló: “Las fotos fueron obtenidas de manera ilícita al ser tomadas por policías tras la detención arbitraria de Hugo, en un momento en que ni siquiera los captores lo acusaban de secuestro. Posteriormente aparecerían sin explicación, en la averiguación previa por secuestro, y un agente ministerial las llevaría directamente a la casa de una de las víctimas para decirle que identificara a su secuestrador”.

Por eso pidió a la Corte establecer criterios para que los jueces mexicanos den menor fuerza jurídica a las declaraciones que se hacen sin control judicial y bajo coacción del Ministerio Público.

“Esta doctrina mexicana de inmediatez procesal ya ha sido internacionalmente condenada como violatorio del debido proceso”.

E insistió: “Llamamos a los ministros a resolver el caso conforme a las obligaciones nacionales e internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, reforzadas con la entrada en vigor, el 11 de junio de 2011, de la reforma constitucional en la materia”.

El asunto, en la Primera Sala, podría discutirse ya en las próximas semanas.


Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 18 de febrero.