La Organización Mundial contra la Tortura, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México demandaron la creación de un órgano independiente e imparcial que sirva como instancia especializada encargada de realizar la búsqueda de personas desaparecidas.
Piden además que entre otras funciones, se encargue del resguardo y protección de las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento al respecto, a fin de crear un banco que sea útil para la búsqueda y registro de los casos de desaparición forzada.
Exhortaron al gobierno de México a implantar las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, tras su visita a México el año pasado, como establecer protocolos de actuación más efectivos para las policías y autoridades investigadoras y persecución de los responsables de este delito.
Además, sancionar efectivamente y en la jurisdicción civil a los elementos de las fuerzas armadas involucrados en casos de desaparición forzada en el actual contexto de militarización de la seguridad nacional.
Instaron al gobierno a reconocer a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, previsto en el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar las comunicaciones presentadas.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU, dará a conocer el informe sobre México del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
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