Piden penalizar discriminación a indígenas

 A pesar de los avances logrados en años recientes, México carece todavía de un marco legal e institucional adecuado para prevenir y combatir la discriminación a los indígenas, advirtió un grupo especializado de la ONU.

En sus observaciones finales a un informe presentado por el gobierno mexicano, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) llama a armonizar a nivel nacional la legislación y la normatividad en materia de derechos de los pueblos indígenas y a tipificar como delito la discriminación en su contra.

"(El Comité) reitera su preocupación ante la falta de legislación interna que tipifique como acto punible toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial así como todo acto de violencia con motivación racial, en particular contra los indígenas", apunta.

"Recomienda al Estado parte (México) intensificar sus esfuerzos para lograr la armonización de la legislación y normatividad en materia de derechos de los pueblos indígenas a todos los niveles estatales y adoptar una ley específica que tipifique como acto punible las distintas manifestaciones de la discriminación racial".

El CERD llama también a garantizar el pleno acceso de los indígenas a defensores de oficio y funcionarios de justicia bilingües durante los procedimientos penales, así como garantizar el acceso a servicios de interpretación culturalmente apropiados, aunque la persona tenga conocimiento del español.

Se refiere en particular al caso de Hugo Sánchez, joven mazahua del Estado de México acusado de secuestro sin pruebas que sustenten el cargo.

"El Comité se declara a la expectativa de la resolución del caso del señor Hugo Sánchez, que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia. El Comité anima al Estado parte a que explore si existe la necesidad de indagar sobre denuncias de presuntas irregularidades en el debido proceso y/o sentencia de personas indígenas", apunta.

El organismo de Naciones Unidas expresa su preocupación por los agravios contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos, algunos homicidios, y llama a investigar y sancionar a los responsables.

Alerta sobre las crecientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas por la explotación de recursos naturales, particularmente por mineros.

Exhorta a las autoridades a asegurar que se lleven a cabo consultas efectivas en las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo.

En el documento de observaciones, el CERD advierte que, segín datos oficiales, 94 por ciento de la población indígena del país está privada de al menos un derecho social (educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación).


Silvia Garduño, Reforma, 15 de marzo.

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