La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estableció una serie de candados para evitar que los programas destinados a los mexicanos más pobres sean utilizados con fines partidistas o electorales.
El blindaje electoral consiste en el monitoreo al personal de la dependencia, imponer sanciones y multas que van desde los 200 hasta los 400 días de salario mínimo y prisión de uno a nueve años a quienes incurran en delitos electorales.
Sin embargo, a pesar de este blindaje, la dependencia federal no descarta que existan “posibles riesgos, acciones vulnerables” e incluso que se presenten “amenazas” en la entrega y distribución de apoyos a los mexicanos beneficiarios de los programas sociales durante el proceso electoral en el que se elegirá al próximo presidente de México.
La secretaría reconoce que sus propios funcionarios y terceras personas “podrían incumplir” las medidas de blindaje electoral que se preparan desde ahora, respondió ante una solicitud de información presentada por EL UNIVERSAL.
Desarrollo Social, a cargo del secretario Heriberto Félix Guerra, detalló que habrá un monitoreo del personal de la dependencia para evitar el uso del horario laboral con fines proselitistas, o que no acudan a su espacio de trabajo con propaganda política, entre otros.
En la respuesta, con número de folio 00020000116911, se detalla que a partir del 30 de marzo se suspenderá la propaganda del gobierno federal en torno a los apoyos de la Sedesol.
A partir de mayo próximo se interrumpirá la entrega de apoyos a las familias. Los pagos se reprogramaron 40 días antes y se retomarán el día 2 de julio, es decir, un día después del proceso electoral federal.
Se prevé que 48 horas antes de la jornada electoral quedarán resguardados los vehículos oficiales adscritos a la dependencia.
El viernes 29 de junio se desplegará a personal de la Unidad del Abogado General y Comisionado en la Transparencia, Yuri Zuckermann Pérez, junto a personal del Órgano Interno de Control de la dependencia, para que asistan a verificar el resguardo de todos los autos del sector desde las 9 de la mañana hasta las cero horas del 2 de julio de 2012.
En el oficio de respuesta número 500/0377/2012, elaborado a principios de enero por esa unidad, se notifica que “actualmente se trabaja en el oficio circular” que será el “rector” para el blindaje electoral.
Ese oficio deberá enviarse a las unidades administrativas del “sector central”, los titulares de los programas sociales, los delegados de la secretaría en los estados, así como los órganos administrativos desconcentrados y sectorizadas.
El blindaje electoral, agregó en otro momento el funcionario, “no prohíbe la actividad política ni coarta al individuo para ejercer sus derechos políticos, siempre y cuando no desvíe o utilice recursos económicos o materiales a favor de un candidato o partido político”.
Se informa que en el proceso de blindaje “no existen contrataciones específicas” para que personal vigile o identifique riesgos o acciones vulnerables en materia de protección de los programas sociales, ni presupuesto adicional. Esa tarea corresponde a los servidores públicos encargados de los programas, o bien, “los beneficiarios” de los apoyos.
Delitos posibles
Carlos Villar Erives, titular del Órgano Interno de control de Diconsa recomienda a los servidores públicos “abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado falte sin causa justificada a sus labores, así como el otorgamiento de licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, para realizar actividades proselitistas o de partido”.
A través de un comunicado advierte que los servidores públicos que incurran en cualquier delito electoral “se harán acreedores a sanciones que van de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años”.
El secretario describe que de presentarse esos casos de proselitismo “habrá cero tolerancia para quienes intenten utilizar los programas sociales con fines de grupo o de partido”.
“Nadie puede lucrar con los programas sociales, porque éstos pertenecen a los mexicanos, principalmente a los más vulnerables del país, por lo que no deben verse como botín político o dádiva de unos cuantos”, advierte el funcionario.
Incluso exhorta a la ciudadanía a colaborar con la institución para “denunciar ante la (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) FEPADE cualquier anomalía que detecten sobre el uso de recursos públicos destinados a la superación de la pobreza”.
Al solicitar a la dependencia el diagnóstico sobre los riesgos y medidas de blindaje para la elección federal de julio de este año, la Sedesol señaló que “los posibles riesgos o acciones vulnerables que han sido detectados, se vinculan estrechamente con la naturaleza de las funciones inherentes a la secretaría”.
Aunado a ello están “las posibles amenazas que pudieran presentarse en materia electoral”.
Agregó que independientemente de que la Sedesol cuenta con políticas institucionales que atienden a “los principios de eficiencia, eficacia, honradez y economía en la utilización de los recursos públicos, lo cierto es que tanto funcionarios como terceros, de modo propio, podrían incumplir dichas disposiciones, sus correspondientes instrucciones”, y utilizar los recursos de los programas como Oportunidades, Diconsa, Liconsa o el que se destina a los adultos mayores, entre otros, con propósitos político-electorales.
Agrega que “con base en tales riesgos o acciones vulnerables”, a través del Programa de Blindaje Electoral se propusieron acciones preventivas, “coadyuvando a través de la presentación de quejas y/o denuncias, al establecimiento de medidas correctivas” con medidas que llama “centrales y acciones alternas”.
Nurit Martínez, EL Universal, 18 de marzo.
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