Concluye en el Congreso aprobación de reforma política rasurada

Con 279 votos a favor y 19 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma política –avalada previamente por el Senado—, la cual incluyó entre otros temas las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular, pero dejó fuera la reelección de legisladores y alcaldes, la revocación de mandato y la llamada reconducción presupuestal.

La reforma generó inconformidad por diferentes motivos entre legisladores del todos los partidos. Es una “miscelánea de reforma política”, dijo el panista Gastón Luken; es “una reforma patito, segundona“, señaló el petista Porfirio Muñoz Ledo.

La aprobación ayer fue el corolario de un largo periodo de análisis y discusiones entre las cámaras legislativas, y al final quedaron fuera tres de los once temas aprobados por el Senado en abril de 2011 y cursados en la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados.

Otros temas incluidos –del total de ocho en que hubo consenso entre las dos cámaras— fueron el establecimiento de reglas para sustitución del Presidente de la República en caso de falta absoluta; mecanismos para que el Presidente rinda protesta cuando no hay condiciones de hacerlo ante el pleno de Congreso General; eliminación de la cláusula de Gobernabilidad de la ALDF, iniciativa preferente y ratificación de comisionados de órganos reguladores del Estado.

Los rubros que quedaron fuera por falta de consenso entre ambas cámaras legislativas, fueron reelección de legisladores, reconducción presupuestal y veto al Presupuesto de Egresos. En el caso de la iniciativa ciudadana la reforma precisa un requisito de porcentaje de ciudadanos que avalen la propuesta de 0.13 por ciento de la lista nominal de electores.

En la consulta popular, se aprobó que sea al menos dos por ciento de convocantes de la lista nominal y 40 por ciento para que sus resultados sean vinculatorios, además de que tendrá que desarrollarse el día de la jornada electoral.

Asimismo, se avaló incluir a nivel constitucional la figura de iniciativa preferente del titular del Poder Ejecutivo, por la cual se establece que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen.

Cuando no existan las condiciones necesarias ante el pleno del Congreso General para que el titular del Ejecutivo rinda protesta, lo podrá hacer de inmediato ante las mesas directivas de las cámaras.

Precisa que en caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las mesas directivas, lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo se avaló que en caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad en tanto el Congreso nombra a un interino o definitivo.

La reforma se turnó a los congresos locales, y de ser aprobado por la mayoría de éstos podrá ser promulgada por el Ejecutivo Federal.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Hilario Everardo Sánchez Cortés, del PRD, dijo que la reforma, aunque insuficiente, “dará rumbo a este país”.

El panista Luken dijo que el PRI se opuso a la reelección legislativa, pero sus legisladores “no tienen empacho” en reelegirse en los hechos, al buscar transitar de una a otra cámara del Congreso.

Muñoz Ledo señaló que el paquete de cambios “prostituyó” la demanda de participación ciudadana y añadió: “Dado que no hemos modificado el equilibrio de poderes ni el régimen político, se fortaleció el presidencialismo y su alianza con los medios de comunicación y otros poderes fácticos”.

Con los cambios aprobados –agregó el petista—  los legisladores “están pervirtiendo, prostituyendo una antigua demanda ciudadana de participación social” como lo es la consulta ciudadana, pues se requerirá 1.6 millones de ciudadanos para convocarla.

Ahora dijo,  el Presidente podrá convocar a consulta popular sobre cualquier tema, en cualquier momento, y formar opinión pública con ayuda de los medios; “es lo que se llama la dictadura plebiscitaria o el bonapartismo electrónico”.

Por el contrario, “para que nosotros (los diputados) convoquemos a consulta se requiere 33 por ciento de los integrantes. Para que la gente pida una consulta, dos por ciento de lista nominal; esto es 1.6 millones personas”.


Dennis A: García, La Crónica, 20 de abril.