Critican desdén ante abusos contra migrantes

 A casi un año de la promulgación de la Ley de Migración, los centroamericanos que transitan por México todavía enfrentan el peligro de ser víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos, denunciaron ayer especialistas y defensores de migrantes.

Mauricio Farah, ex Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reclamó que a pesar del peligro que prevalece en el territorio nacional para los migrantes, ninguno de los candidatos a la Presidencia tiene en su agenda política este tema.

"Organizan debates sobre puentes y obras viales sin voltear a ver la carretera de horror, sufrimiento y muerte en que se ha convertido México para cientos de miles de migrantes y sus familias en estos últimos años: ¿Será porque no votan?", cuestionó.

En el foro "Balance Legislativo en materia de Derechos Humanos y Migración: Avances y Retrocesos", el experto en la materia criticó que el Reglamento de la Ley de Migración lleve más de 100 días de retraso en ser publicado y que no exista una fiscalía especializada en investigar los delitos contra migrantes.

Advirtió que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) siguen persiguiendo con saña a los indocumentados mientras que nadie está detrás de los delincuentes que los asaltan, violan, secuestran y asesinan.

Reprochó que no haya información oficial sobre las sanciones a los agentes del INM vinculados con abusos.

"¿Cuántos han sido detenidos, investigados, consignados, sentenciados, bajo qué cargos? ¿Los extorsionaron, incurrieron en asesinatos, actuaron por sí mismos o por órdenes de quién?", preguntó.

En los más de 10 meses de vigencia de la Ley de Migración los funcionarios del INM la han aplicado con discrecionalidad, apuntó por su parte Fray Tomás González, director del albergue "La 72".

Este año, expuso, un grupo de alrededor de 30 centroamericanos denunció ante la Procuraduría de Justicia de Tabasco haber sido víctima de asalto, más no recibió una visa humanitaria aún cuando la legislación lo prevé.

El Obispo de Saltillo Raúl Vera reclamó que el proyecto de Reglamento que elabora Gobernación cierra la posibilidad de que los migrantes puedan solicitar una visa planteada por la ley, pues se les pide comprobar solvencia económica.


Verónica Sánchez, Reforma, 19 de abril.